Gobierno defiende mecanismos del PGE 2025 para combatir la especulación y el agio
En esta jornada dos sectores se pronunciaron contra la normativa.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, manifestó que es “importante” incluir en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 mecanismos para combatir la especulación y el agio desde diferentes niveles de gobierno, según el reporte de medios estatales.
Silva explicó que el control establecido en el PGE 2025 responde a demandas de los sectores sociales, incluyendo gremialistas, que han exigido controles más estrictos para evitar el encarecimiento de productos.
“Es contradictorio que algunos sectores de oposición critiquen estas acciones, cuando los mismos gremialistas han salido a marchar exigiendo medidas contra la especulación”, observó.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”. Este articulo ha sido rechazado por el sector agropecuario y las industrias.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) mediante un comunicado dijo que la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones. “Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos”, dice parte del documento.
Además, indicaron que “no es correcto” que los productores pequeños, medianos y grandes vivan en una incertidumbre permanente, “con normas que solo se prestan para la presión y la extorsión”.
“Pedimos a los legisladores, no permitir que se incluya en la ley del presupuesto general del estado, la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las misma, en desmedro de la población”, concluyó la nota.
A su vez, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó “su preocupación y alarma” por la disposición y pidieron su eliminación.
“Los industriales, en forma categórica, solicitan al presidente Luis Arce Catacora eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada”, se lee en el documento de la CNI.
La misiva indicó que esta disposición adicional se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo porque facultaría a las entidades públicas “competentes” a activar las acciones de control y fiscalización de productos a las industrias legalmente establecidas.
“La confiscación y/o decomiso de productos generará incertidumbre entre las empresas y microempresas, que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, generando un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias”.
