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En Santa Cruz, la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, denunció que detrás de las movilizaciones en contra del proyecto de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, existe una estrategia sistemática implementada por la oposición y sectores que tratan de favorecer intereses de empresarios y organizaciones criminales que han obtenido su dinero de forma ilícita.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) señalan que dicha norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre, debido a que en esa fecha llegará al país una comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones que realizó ese organismo.

A decir de Morales, son cuatro los factores que la llevan a deducir que detrás de la estrategia existe un interés de desinformación y confusión a la ciudadanía. Primero, expuso que los actores del movimiento de resistencia a la ley han dicho y engañado a la gente arguyendo que la norma está orientada a perseguir a toda la población e investigar el origen del dinero y del patrimonio de cada uno de los bolivianos.

Morales insinuó que, al no poder demostrar a los gremiales, transportistas, artesanos y población en su conjunto que la ley no tiene un solo artículo que disponga dicha investigación, han dado paso a la segunda estrategia referida a un posible congelamiento de bienes en el ámbito de lavado de dinero

“Ahora vienen a decirnos que la ley es una copia de otras normativas como la venezolana (tercer estrategia) e incitan a radicalizar medidas (cuarta estrategia)”, apuntó, al dar cuenta que el espíritu y la finalidad de la ley es alinearse a estándares internacionales incorporando en el sistema normativo las sugerencias del GAFI.

A juzgar por la directora general de la UFI, a estos sectores que han implementado esta estrategia no les importa si el Estado boliviano supera o no la evaluación del GAFI. “Lo que les interesa es una ‘supuesta victoria política’ por la no aprobación de esta ley. De suceder ello, serán responsables de todas las acciones internacionales que tengamos que soportar como país”, enfatizó.

Ivette Espinoza, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, al ser consultada por los medios acerca del ultimátum de los sectores que se oponen y piden la anulación del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, se limitó a señalar que no se puede anular algo que no se promulgó y que diferentes instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas están en pleno proceso de intercambio de información con los sectores que rechazan la norma. No obstante, dijo que están prestos a escuchar observaciones y planteamientos de esos sectores.     

A escala nacional, los gremialistas, transportistas y mineros se movilizaron contra el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados; no obstante, su debate se frenó en el Senado por el rechazo generalizado. Dichos sectores han dado un plazo de 72 horas al Gobierno de Luis Arce para anular la cuestionada norma.

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