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Para tratar de revertir de alguna manera el daño crónico que genera el contrabando provocando pérdidas anuales en recaudación impositiva de alrededor de $us 2.200 millones, desde el Gobierno informaron que trabajan en un plan para duplicar los controles fronterizos y así hacer frente a esta actividad ilegal.

La información la dio a conocer Bladimir Fernando Orellana, director de Lucha Contra el Contrabando, dependiente del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, durante el conversatorio que realizó EL DEBER, con la participación de representantes de los empresarios, exportadores, la Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía cruceña.

Ante la consulta de qué labores está haciendo el Estado para hacer frente al contrabando, Orellana explicó que en los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el país, los trabajos de prevención y control son complicados, pero que, a pesar de aquello, se tiene planificado duplicar los recursos humanos para una mejor labor.

La autoridad precisó en 2019 contaron con un presupuesto de Bs 120 millones, para el fortalecimiento de las políticas de lucha contra el contrabando, de los cuales ejecutaron Bs 50 millones en la mejora de los puestos militares, en la compra de equipos de transporte y en los distintos procesos de contratación de personal.

Orellana hizo notar que durante 2020 los restantes Bs 70 millones no fueron ejecutados y que en la actualidad se desconoce dónde se encuentran esos recursos y que a pesar de esa situación, en esta gestión se tiene previsto duplicar o incluso triplicar los recursos para hacer frente al contrabando.

“Por cuestiones de seguridad, no le puedo brindar la nueva cantidad de efectivos que tendremos en las fronteras, ni cuántos nuevos puestos de avanzada militar se van a construir, pero sí le puedo decir que será un incremento de alrededor de un 300%”, sostuvo Orellana.

Sin embargo, cuando se le observó que pese a los controles fronterizos, diferentes productos, en particular de Argentina y Brasil, ingresan ilegalmente, Orellana sostuvo que aparte de fortalecer los controles en los puestos fronterizos se debe girar la mirada al interior del país y controlar los mercados y ferias.

Para ello, precisó que es importante trabajar en una alianza pública-privada, en donde junto con los gobiernos municipales y gobernaciones se logre establecer mecanismos más ágiles e integrales para controlar el ingreso y comercialización de productos de contrabando.

No solo en las fronteras

Tanto la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), como la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex) y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, coincidieron en que los controles fronterizos en la zona primaria son perforados, por lo que se debe trabajar de forma más activas en las zonas secundarias de los municipios ubicados en las fronteras y de las capitales del país.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Fepsc, remarcó que el contrabando ya no es solo un problema de un sector o institución, sino que debe involucrar a todos los actores de la sociedad, a tiempo de lamentar que, debido a la persistencia del ilícito, un sector amplio de la población ya no lo ve como un delito y eso se ve reflejado en que cada vez el sector informal se va incrementado.

Los efectos son evidentes. El contrabando ha destruido la industria textil nacional, según Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, quien recordó que el país llegó a exportar a EEUU un valor de $us 400 millones.

El dirigente puntualizó que además de mejorar los controles en Desaguadero, Charaña, Yacuiba, Puerto Suárez y Guayaramerín; a su criterio, las principales puertas para el ingreso ilegal de productos, es necesario fortalecer los operativos en los mercados y ferias del país.

Para lograr aquello, Barriga indicó que se deben cumplir tres pasos fundamentales y relacionados entre sí. El primero, corresponde a que la población tome conciencia y evite comprar productos que ingresan de manera ilegal al mercado boliviano porque al hacerlo atenta contra el empleo formal en la industria. El segundo es que se demuestre que hay una voluntad política para combatir este flagelo de manera integral y un tercer factor es que se desarrolle un trabajo coordinado entre todas las instancias que de alguna manera están relacionadas en la lucha contra el contrabando.

En cuanto a la voluntad política, Orellana aseguró que es algo que la administración del presidente Luis Arce tiene, y dijo que prueba de ello será el acuerdo que firmarán con las autoridades de Charaña (frontera con Chile), para trabajar de manera conjunta y tener mejores resultados en la erradicación de la actividad ilegal.

Gobernación y Alcaldía

Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, detalló que el año pasado a Bolivia ingresaron alimentos por un valor de $us 679 millones de los cuales un 38% corresponde a la industria argentina y un 20% a la brasileña. Eso -según Alpire- se debe a que Argentina ya devaluó su moneda en un 2.086% y Brasil en un 222%, lo que hace que sus productos tengan un menor precio que la oferta boliviana.

En este sentido, Alpire sostuvo que debe existir un control masivo que se concentre en el territorio nacional, en especial en los centros de comercialización informales donde generalmente se ofrecen productos que ingresaron al país de manera ilegal.

Sin embargo, en cuanto a los operativos de comiso de mercadería, el margen de maniobra de la Gobernación es limitado debido a que no cuenta con el respaldo legal para realizar tales controles, un aspecto que para Alpire le resta fuerza a la labor que realizan desde la Aduana y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

Sobre el tema, Sonia Rueda, directora del Centro de Abastecimiento Minorista de la Alcaldía de Santa Cruz, explicó que los controles que se realizan en los centros de abastecimiento cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que cuenta con la capacidad técnica y legal para hacer operativos y decomiso de productos que ingresaron de manera ilegal y se están comercializando en los mercados y ferias.

Rueda reconoció que la actividad del contrabando se está incrementando y se hace más patente debido a la actual crisis económica producto de la pandemia mundial, por lo cual considera que el control más férreo se debe seguir realizando en la frontera, más allá de los operativos que se realizan en los distintos centros de comercialización.

“Trabajamos con el Senasag y respondemos a las denuncias que nos hacen llegar. La cantidad de los operativos ha aumentado, pero son la Aduana y las demás instituciones las encargadas de luchar de forma más activa en las fronteras del país”, resaltó Rueda.

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