Pequeños productores de 15 comunidades de Guarayos exigían la nulidad de titulaciones emitidas por la anterior administración. Exministra advierte mayor inseguridad jurídica. El agro pide certidumbres

10 de febrero de 2021, 9:55 AM
10 de febrero de 2021, 9:55 AM

El Gobierno, tras largas horas de negociación, acordó con productores pequeños de 15 comunidades de Guarayos (Santa Cruz) dejar sin efecto las titulaciones emitidas en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y encarar una auditoría a los procesos de saneamiento en los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte. 

En la otra vereda, el sector agropecuario en pleno rechaza el manejo político arguyendo que esta ‘historia de nunca acabar’ genera incertidumbre e inseguridad jurídica en el proceso agrario y derecho propietario.

El pedido de dejar sin efecto los títulos ejecutoriales y resoluciones de saneamiento emitidos por Áñez es parte del acuerdo entre los demandantes y el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Los pequeños productores aducen que los procesos se realizaron sin respaldo legal yfueron despojados de sus parcelas para entregarlas a personas extranjeras o ajenas a las comunidades. También denunciaron usurpación de funciones.

Además de la nulidad de titulaciones, entre otros puntos acordados, los pequeños productores exigen que se ratifique las resoluciones administrativas de asentamientos anuladas en la gestión de Áñez y plantean titulación individual de tierras fiscales a través de una ley.

También sugieren una revisión y auditoría a las carpetas de saneamiento trabajadas en la gestión del Gobierno transitorio, especialmente del predio Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, relacionadas con el exministro de Economía, Branko Marinkovic.

Edwin Characayo, ministro del MDRyT, explicó que un equipo técnico se trasladó a la zona para dar respuestas inmediatas a otras problemáticas sobre tierras. El acuerdo firmado desactivó un bloqueo en la zona.

Eliane Capobianco, exministra de la cartera de MDRyT en la admnistración anterior, dijo que la nulidad de títulos y de resoluciones, según la Constitución Política del Estado, es competencia exclusiva del Tribunal Agroambiental y, por lo tanto, si se tomara esta facultad desde otro poder del Estado, sería usurpación de funciones.

Cree que la revisión y auditoría al proceso agrario en la gestión de Áñez va generar mayor incertidumbre e inseguridad jurídica.

“Ellos solicitan también una ley de desafectación de las reservas forestales para incluir comunidades, eso también me parece un exceso porque ha ocasionado muchas quemas en Santa Cruz”, refirió Capobianco, al estar asombrada ante la posibilidad de dictar una ley para hacer dotaciones individuales en comunidades.

“Eso va totalmente en contra de la Constitución y la ley. Parece que hay desconocimiento de la norma porque las dotaciones, según lo establece la Carta Magna, son colectivas y no existe una dotación individual”, apuntó Capobianco.

Agropecuarios cruceños

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechaza el manejo político del proceso agrario. Alegan que los recurrentes cambios de Gobierno, de ministros de un mismo partido político y directores del INRA solo perjudican a los productores que están condenados a vivir en zozobra por la inseguridad jurídica que esto representa.

“Nuestro trabajo se basa en las normas vigentes, y dejamos claro que nunca defendemos irregularidades y en ese marco, pedimos respeto para los productores agropecuarios que cumpliendo todos los procedimientos; se ven perjudicados al no poder consolidar su derecho propietario”, señaló la CAO.

Discrepa con nulidad

En el caso de Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, el exministro de Economía, Branko Marinkovic, lamentó que se insista cuando se trata de propiedades adquiridas hace 30 años -caso de Laguna Corazón-, mientras que el predio Tierras Bajas del Norte fue adquirido en 2001 al Banco Nacional de Bolivia y aún tiene una hipoteca por un valor de $us 2 millones. Remarcó que nunca hubo una dotación porque esas propiedades se compraron a particulares.

Marinkovic considera es una gran contradicción que el Gobierno busque dejar sin efecto las titulaciones, pues cuando él presentó un amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del MAS argumentó que no tenía motivos de protestar pues sus propiedades estaban siendo tituladas.