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El Decreto Supremo 3161 de incremento salarial, firmado por el presidente Evo Morales en el Día del Trabajador, contempla una flexibilización para las alcaldías, gobernaciones y universidades. Por otro lado, el Ejecutivo revela que varias estatales no tienen déficit.

Las entidades autónomas departamentales podrán fijar este año un aumento de “hasta el 7%”, de acuerdo con su sostenibilidad financiera, es decir, están en plena libertad de tener un alza menor a esa cifra. Además prevé un aumento de manera inversamente proporcional para los trabajadores de salud.      
Lo que molesta a los empresarios es que el aumento al salario mínimo nacional se fijó sin opción a flexibilizarlo, en 10,8%, lo que significa que se elevó de Bs 1.805 a Bs 2.000, mientras que el sueldo básico sube en 7% y rige también para el sector privado, que según el decreto, será acordado entre los sectores patronal y laboral “sobre la base del 7% establecido en el presente decreto”. La medida es retroactiva al 1 de enero de 2017 y deberá cancelarse hasta el 31 de mayo.

A ello se añade que la legislación de aumento al salario también prevé salvar a las empresas estatales que no hayan generado utilidades, entre ellas la Empresa Minera Huanuni, la Empresa de Correos de Bolivia y Enatex que adquirió el Gobierno, es decir, quedan eximidas de pagar el aumento.

Estatales con utilidades
El ministro de Economía, Luis Arce, confirmó ayer: “Si el gobernador dice cero de alza salarial porque ve que sus finanzas no son suficientemente buenas como para hacerlo, tiene toda la libertad en el marco de la Constitución y la Ley de Autonomías de poder determinar ese punto. Lo mismo los municipios y las propias  universidades”.

    La autoridad destacó el crecimiento del sector público, liderado por las estatales, pues “se convirtió en la locomotora que empuja la economía nacional”. Reveló que la mayoría de estas compañías presentaron  un incremento promedio del 47% en sus utilidades el 2016, a excepción de YPFB, cuyas 
finanzas fueron afectadas por la baja del precio del petróleo. “Excluyendo a YPFB, no existe lo que dicen aquí (algunos medios), el descenso del 37% de las utilidades o desplome de las utilidades, más bien las empresas estatales vienen incrementando sus utilidades y el año pasado hubo un incremento del 47% de las utilidades de las empresas públicas", dijo.
Según datos revelados, las utilidades de las estatales, sin contar YPFB, subieron de $us 466 millones en 2015, a $us 687 millones en 2016.

“Nuestras empresas han estado comportándose muy bien, generando utilidades", agregó.
Arce agregó que las ganancias de las empresas públicas fueron tan buenas el año pasado que gran parte se fue a la inversión pública del país, unos $us 10.800 millones, cifra que supera por mucho a toda la inversión privada nacional.

CEPB, molesta
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, manifestó que el decreto es ‘discriminatorio’ y lo que asombra son las variables que contempla la norma.
“Estas mismas variables deberían aplicarse al sector privado para no afectar la estabilidad de las empresas y así garantizar el empleo y las inversiones que son tan necesarias. Es un trato errado y no hay una consideración económica justificable en la norma, pues es bastante estricta con el sector privado y flexible con  el sector público”, dijo Nostas.

El ejecutivo aclaró que es correcto el accionar del Gobierno con las subnacionales, pero “eso mismo debería haberse hecho con los privados”.
 Una vez más reiteró que la aprobación del decreto supremo no es más que un accionar político y no considera lo económico. No obstante, esperan una nueva convocatoria del presidente Evo Morales en las próximas horas.

Gasto social e informalidad

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, indicó que las alzas del mínimo nacional y su efecto en la informalidad pueden implicar más obligaciones fiscales por necesidad de mayor gasto en salud y también un eventual gasto futuro en pensiones de los informales.

La información estadística oficial de Udape, unidad dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, señala que en 2015 algo más del 10% de la población estaba en condiciones de subempleo y el porcentaje de trabajadores en el sector informal equivalía a 60%. Se estima que 3 millones de bolivianos están trabajando en este sector sin seguro social o son trabajadores por cuenta propia.
Arias recordó que una persona que trabaja informalmente no tiene seguro médico (seguridad social de corto plazo) y tampoco aporta para su jubilación (seguridad social de largo plazo). Sin embargo, requerirá atención médica y, a futuro, ingresos y cuidado durante su vejez. “Como se requieren más recursos fiscales de manera permanente para ambos casos, el Gobierno se ve frente a la necesidad de recaudar más. Pero no puede por la base empresarial formal modesta respecto al total de empresas”, apuntó. 

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