El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, aprobó un decreto que permitirá al Ministerio de Economía decidir cómo usar y reorganizar los fondos sociales que se financian con utilidades de los bancos.
La nueva norma establece que el Ministerio podrá cambiar el destino de estos recursos, crear nuevos mecanismos o incluso cerrar fondos existentes sin necesidad de aprobar otro decreto, lo que antes sí era obligatorio.
Estos fondos provienen de una obligación establecida en la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, que exige a los bancos destinar parte de sus ganancias a apoyar el acceso a créditos, especialmente para micro y pequeñas empresas, vivienda social y sectores con menos acceso al sistema financiero.
Con el decreto, el Gobierno busca tener mayor rapidez para mover estos recursos hacia donde se necesiten, por ejemplo, en programas productivos o sociales.
La norma también aclara que los préstamos y garantías que ya fueron otorgados no cambiarán y se respetarán las condiciones originales para los beneficiarios.
Por su parte, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero deberá ajustar sus reglas para aplicar los cambios que defina el Ministerio.
Además, el decreto amplía el plazo para cobrar el beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) hasta el 19 de junio de 2026 y extiende su alcance a nuevos beneficiarios.
Con esta decisión, el Ejecutivo apunta a tener mayor control y flexibilidad sobre recursos que forman parte de la política de inclusión financiera, en un intento por responder más rápido a las necesidades económicas del país.