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El órgano Ejecutivo presentó la mañana de este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del bono contra el hambre. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, interpuso la acción en Sucre.

La autoridad manifestó que también se solicita que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dicte como medida cautelar la inaplicabilidad de la norma, hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.

Explicó que la disposición, sancionada por la mayoría del MAS, es utilizada de forma “meramente política”, porque las características del beneficio no fueron consultadas con el Gobierno central.

“Ellos deberían pasar al Ejecutivo esta norma en consulta. Usurparon funciones, planteando usar recursos pactados para otros fines”, dijo el viceministro, esperando que pronto el TCP dirima la situación.

La Gaceta Oficial del Estado publicó el viernes la Ley 1330 con lo que, oficialmente, el bono contra el hambre de Bs 1.000 promulgado por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, entra en vigencia para su pago a los beneficiarios.

Sin embargo, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron al Gobierno que los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.