La cumbre política convocada por el Gobierno en Cochabamba cerró con una hoja de ruta enfocada en redistribuir recursos, flexibilizar la gestión regional y avanzar hacia un nuevo esquema de relación entre el nivel central y las autonomías. El eje de las conclusiones fue la denominada “Agenda 50-50”, impulsada por el presidente Rodrigo Paz y respaldada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
“Hay una agenda legislativa, son diez leyes, pero también hay algo que ha salido a partir del pedido de distintas autoridades electas y liderazgos políticos: una comisión para una reforma parcial de la Constitución”, explicó Espinoza al resumir los resultados del encuentro.
El ministro señaló que la prioridad del Ejecutivo es transferir más capacidades de decisión económica a gobernaciones y alcaldías, en un contexto en el que las regiones enfrentan problemas financieros y limitaciones presupuestarias.
“Desde Economía hemos lanzado algunas medidas. Primero, mayor libertad presupuestaria para los alcaldes y gobernadores que han asumido hace apenas una semana y que están recibiendo una situación económica complicada”, afirmó.
Como parte de ese proceso, el Gobierno confirmó que la próxima semana presentará una demanda de inconstitucionalidad contra parte de la Ley de Autonomías. Según Espinoza, la norma terminó restringiendo la capacidad de gestión de las regiones.
“Contrariamente a lo que dice su título, lo único que hizo fue cercenar la autonomía, limitar tanto las capacidades como los espacios de gestión de los gobiernos subnacionales”, sostuvo.
La revisión se enfocará principalmente en artículos que, según el Ejecutivo, impiden una verdadera descentralización financiera y administrativa. Para el Gobierno, esa medida será la base del modelo “50-50”, con el que busca redistribuir competencias y recursos entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
Espinoza aseguró que ya existen señales concretas de ese cambio en el presupuesto reformulado de esta gestión.
“El presupuesto que hemos enviado ya le da más de 2.200 millones de bolivianos adicionales a los gobiernos subnacionales. Es una forma de homogeneizar y distribuir mejor los recursos”, indicó.
Añadió que en 2027 se prevé profundizar el proceso de transferencia de recursos, aunque aclaró que esto deberá ir acompañado de mayores competencias y espacios de decisión para alcaldías y gobernaciones.
Dentro del paquete económico anunciado en la cumbre figuran leyes vinculadas a inversiones, hidrocarburos, minería, economía verde, electricidad y reformas al sistema judicial y electoral. El ministro remarcó que estas normas deberán ser debatidas con fuerzas políticas y actores regionales.
“Esta discusión se tiene que hacer con todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y peso político en las regiones. Lo ha dicho el Presidente: se construirá desde las regiones y desde el Parlamento”, afirmó.
Otra de las decisiones asumidas en el encuentro es que los ministerios comenzarán a desplazarse a los departamentos para resolver directamente los problemas regionales y evitar la centralización administrativa en La Paz.
“No tienen que venir ya más a La Paz. Nosotros nos movemos hacia los departamentos”, aseguró Espinoza.
La cumbre política se realizó en medio de la desaceleración económica, la falta de dólares y la creciente presión de gobernaciones y alcaldías por obtener más recursos y autonomía de gestión.