El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, ratificó la voluntad del Gobierno por el diálogo e insistió en retomar la mesa de negociación con los marchistas que protestan contra la ley 1720. Aseguró que han atendido las demandas de los movilizados, pero que, detrás de la marcha, hay otras intencionalidades que frenan los acuerdos.
"Trabajamos sobre un pliego petitorio que nos hicieron", pero todavía no hay un acuerdo satisfactorio. Vaca Díez detalló las tres demandas centrales presentadas en el pliego. "Uno era la la anulación de la ley 1720. El segundo, (la promulgación de) un Decreto Supremo para la titulación de comunidades campesinas indígenas en el área sobre todo de de Pando. Y en tercer lugar la anulación del proyecto antibloqueo".
En un contacto con ON- Otra Noche con Sissi, el viceministro detalló la respuesta que se ofreció a los tres puntos. Incluso, detalló que ya se concretaron diversos acuerdos con otras organizaciones indígenas. "Hemos firmado un acuerdo con 22 comunidades de la provincia Ballivián y con tres o cuatro comunidades de la provincia Vaca Díez"
La propuesta del Gobierno
Sobre la anulación de la Ley1720 y su observación de inconstitucionalidad, Vaca Díez, aclaró que "nos pasaron una exposición de motivos por el cual esta ley es inconstitucional. Les dijimos que podemos ir a un procedimiento para declarar inconstitucional esta ley y eso tiene que ser a través de un recurso que se haga ante el TCP, que es el único que puede declarar si una ley es inconstitucional o no".
Incluso, a nombre del Gobierno, se comprometió a "acompañar a los indígenas para presentar un recurso ante el TCP para que sea el TCP, en el marco de la Constitución, quien establezca si esta ley es inconstitucional o no".
La apertura para el tratamiento de un Decreto Supremo por parte del Ejecutivo, reconoció que "nos presentan un decreto supremo en borrador y establecimos de que sí se le podía dar curso. El decreto supremo iba a ser presentado al presidente y a su consejo de ministros para su tratamiento", explicó.
Finalmente, sobre la demanda presentada para la anulación del proyecto del ley antibloqueo, se aclaró que el mencionado proyecto está en tratamiento en la Asamblea. "El poder Ejecutivo no tiene la atribución para poder ejercer ese derecho. Es la Asamblea la que tiene que aprobar las leyes. Le dijimos también que podíamos acompañarlos para que ellos puedan plantear a sus asambleístas, tanto senadores y diputados, para que esa ley no sea tratada o sea retirada", confirmó Vaca Díez durante la entrevista con EL DEBER.
Durante el diálogo entre el Gobierno y los marchistas estuvo presente, como veedor, el defensor del pueblo.
El viceministro fue claro al considerar que "no quisieron aceptar esa respuesta, querían que, por ejemplo, la ley sea inmediatamente anulada, cosa que legalmente y en el marco de la Constitución no se puede hacer. Creemos que ha habido mucha intransigencia a los puntos porque ellos nos plantearon unas demandas que han sido atendidas en el marco del respeto, pero en el marco sobre todo de la legalidad".
Finalmente, cuestionó la posibilidad que, detrás de la marcha haya "una motivación adicional que no netamente es la parte técnica. Nosotros hemos pedido conversar desde el punto de vista técnico y hemos recibido una respuesta de estrictamente política y la motivación política hace que ellos sigan acarreando a gente", concluyó Hormando Vaca Díez