Las boletas de garantía son por un valor total de $us 151 millones. El sector constructor cuestionó que se siga priorizando a las empresas extranjeras

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20 de abril de 2017, 5:00 AM
20 de abril de 2017, 5:00 AM
El Órgano Ejecutivo confirmó que se rescindieron los contratos suscritos con la empresa española Corsán Corviam para la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas, y que  iniciaron los trámites para ejecutar las boletas de garantía bancarias por un monto total de $us 151 millones.


El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó que mañana se ejecutarán las boletas de garantía que presentó la firma española para la construcción de la vía Ixiamas-San Buenaventura.

“Es la decisión que se ha tomado, en realidad estaba notificado con la intención y seguimos con ese trámite", informó.


Las garantías bancarias entregadas por la empresa por la carretera suman alrededor de $us 34 millones y por la hidroeléctrica, $us 117 millones, según han informado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).


Según Claros, la empresa tenía 15 días para retomar actividades en la obra y porque incumplió ese plazo se decidió rescindir también el contrato de construcción.


Respecto a los subcontratistas que contrató Corsán Corviam, Claros dijo que deben presentar sus denuncias y seguir el conducto regular legal para encontrar soluciones a sus demandas.

Claros advirtió de que, además de cobrar los avales bancarios, el Estado boliviano puede tomar acciones legales contra Corsán "por los perjuicios y daños” ocasionados con el abandono de obras.


“Es irresponsable la actitud que ha tomado la empresa, no existe buena voluntad por parte de la empresa y es algo que está claro. Nosotros nos reservamos el derecho de tomar acciones legales", indicó.


Por su parte, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, dijo que “ya se planteó la resolución de contratos" con Corsán Corviam tras cumplirse los plazos establecidos. 


La empresa Corsán Corviam decidió suspender la audiencia que tenía programada para ayer con el ministro de Energía, Rafael Alarcón, tras conocer que el Gobierno rescindía contrato con la compañía y se procedería a la ejecución de sus boletas de garantía a favor del Estado boliviano.

Los opositores han solicitado informes al Gobierno por la situación de esas obras para que se aclare lo que consideraron “una estafa" al Estado boliviano y los daños que afrontan las empresas bolivianas subcontratadas por Corsán.


También se solicitó otro informe sobre el estado de la carretera entre Yucumo y Quiquibey, que fue inaugurada hace cinco meses por Evo, pero que está en “total deterioro".

Pedido de constructores 


La dirigencia del sector constructor boliviano expresó su preocupación por la salida de Corsán al señalar que no es el primer caso que se da, debido a que el Gobierno prioriza a las firmas extranjeras que en lugar de construir subcontratan a empresas bolivianas.

Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas, urge que se investigue si falló la entidad contratante, la empresas fiscalizadora o la constructora Corsán en el fracaso de las obras en La Paz. 


Por su parte, el presidente de la Cámara de Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rodrigo Crespo, observó que hasta ahora el Ejecutivo no da prioridad a las empresas bolivianas para las obras licitadas. “Es una mala toma de decisiones a la hora de contratar a estas empresas. Contratan empresas extranjeras porque traen garantías, pero no cumplen y subcontratan a empresas bolivianas”, indicó.

Tanto Vargas como Crespo señalaron que es vital que se modifiquen las normativas para dar oportunidad a las empresas nacionales. “Los bolivianos nos vamos a quedar en Bolivia”, dijo Vargas.