El Viceministerio de Defensa al Consumidor recorrió centros de acopio y empresas de Santa Cruz, en especial avícolas, que almacenan el grano, sobre estas últimas verificaron que no ocultan el insumo. Hallaron 4 depósitos con grano supuestamente ilegal

20 de mayo de 2022, 7:22 AM
20 de mayo de 2022, 7:22 AM


El Gobierno baja el tono en la crisis por el abastecimiento del maíz. Después de acusar a las grandes empresas, en especial las avicultoras, de acopiar de forma ilegal este grano, ayer retrocedió y dijo que el almacenamiento de las firmas es legal y con fines productivos. Eso sí, la administración estatal mantuvo la retórica oficial de que existe el grano en abundancia pese a la escasez del producto a causa de una fuerte sequía en el Chaco cruceño, la principal zona maicera del país.

En la actualidad Bolivia sufre una escasez de maíz que llevó a los productores de pollos y cerdos a incrementar el precio de estas carnes, porque requieren de gran cantidad de este grano para alimentar a sus animales.

La falta del insumo se debe a un factor climático. Una fuerte sequía golpeó y sigue golpeando al Chaco cruceño, el principal productor de maíz que concentra más del 50% de la oferta nacional.
Pero el Gobierno asegura que esto no es real y sostiene de forma tajante que el grano existe en abundancia. Además, culpó a los agricultores y empresarios de ocultar este producto.

Desde el nivel central amenazaron a los agricultores con revertir sus tierras si no aparece el maíz. Así también acusaron al agro de priorizar la producción de soya descuidando el aprovisionamiento de este grano.

Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por este efecto climático solo se perdieron 50.000 toneladas. Pero las cifras de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor) dicen que antes de la sequía, se tenía prevista una cosecha de 600.000 toneladas, pero ahora solo se recogerán 200.000 toneladas.

Inspección

Ayer, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, bajó un poco la tensión y suavizó su discurso hacia los empresarios, en especial a aquellos que se dedican a la avicultura. 

Y es que, en días pasados, él aludió que este sector estaría almacenando el grano de forma irregular y dijo que existían cuatro empresas que estaban cometiendo agio. “Los empresarios buscan generar una percepción” de desabastecimiento en el mercado con el objetivo de que se pueda autorizar la importación de maíz transgénico, acusó inicialmente.

Sin embargo, ayer junto con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Viceministerio de Comercio Interno realizaron varias inspecciones a empresas y centros de almacenamiento. En la mayoría de los lugares se corroboró que el almacenamiento del maíz era legal y con fines productivos. 

Silva, en conferencia de prensa, admitió que solo se encontraron cuatro galpones que no tenían nombre y que sería un error nombrarlos como empresas porque no tenían papeles en regla. En ese sentido, dijo que se realizaría una denuncia formal contra esos establecimientos.

Mientras que en el resto de lugares que fueron a verificar vieron que el acopio “es normal y legal”. “Por ejemplo, en la empresa Sofía nos señalan que tienen 12.000 toneladas de maíz. Esto les permite garantizar su producción por los próximos tres meses”, dijo.

Además, sostuvo que el objetivo de estos operativos no es amedrentar a los productores, pero eso sí dijo que se querellarán con los establecimientos que no tengan sus papeles en regla.

“En el resto de los verificativos que hemos realizado se puede señalar que es normal y legal el acopio de maíz que realizan estas empresas con fines productivos dentro de los márgenes de prevención que ellos tienen”, señaló.

En esa línea, la autoridad aseguró que durante su inspección se evidenció que existe grano suficiente para poder abastecer el mercado interno. Desde el sector agropecuario se mantienen firmes en la idea de hacer mesas de trabajo, para discutir el tema del desabastecimiento del grano, que se comprobó que es real y que urge trazar una línea de trabajo con el Estado.