Las empresas públicas deficitarias entraron oficialmente en un proceso de revisión. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que el Gobierno aplicará una política diferenciada para cada empresa estatal y dejó claro que no todas tendrán el mismo destino.
"Las empresas públicas que hoy tenemos, ¿están generando valor para los bolivianos o están consumiendo el recurso de los bolivianos? La respuesta es clara", afirmó durante la presentación del diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
Según el informe oficial, 15 empresas públicas acumulan pérdidas por Bs 5.177 millones, mientras que los recursos comprometidos entre créditos y aportes de capital superan los Bs 26.000 millones.
Tres caminos para las empresas públicas
Lupo explicó que el Gobierno definió tres categorías para las empresas estatales.
La primera corresponde a las empresas estratégicas, entre ellas YPFB, BOA y YLB, que seguirán siendo estatales, aunque deberán someterse a un proceso de reestructuración, reorganización y transparencia.
"Las empresas estratégicas no se van a privatizar. Deben ser reordenadas, reestructuradas y transparentadas", sostuvo el ministro.
El segundo grupo reúne a compañías que aún podrían recuperar su viabilidad mediante asociaciones público-privadas (APP), figura que el Ejecutivo pretende impulsar con un nuevo marco legal para atraer inversión sin perder el control estatal sobre los sectores considerados estratégicos.
Finalmente, existe una tercera categoría integrada por empresas cuya situación financiera, según el Gobierno, ya no tiene posibilidad de recuperación.
"No pueden seguir consumiendo los recursos de los bolivianos. Deben ser cerradas", afirmó Lupo al referirse a las compañías que registran pérdidas permanentes y continúan dependiendo de recursos del Tesoro General del Estado.
Cada ministerio presentará un plan
El ministro informó que el Consejo Superior de Empresas Públicas instruyó a cada cartera de Estado presentar un plan de acción para las empresas bajo su dependencia.
"Cada ministerio tiene que presentar inmediatamente un plan de acción sobre qué va a hacer, de qué manera lo va a hacer y en cuánto tiempo lo va a hacer", señaló.
Los planes definirán qué empresas serán reestructuradas, cuáles podrán asociarse con el sector privado y cuáles iniciarán un proceso de cierre.
Para Lupo, el problema trasciende las cifras económicas. "El problema de las empresas públicas no es solo financiero; es institucional, estratégico y, sobre todo, ético", afirmó, al sostener que el país ya no puede mantener compañías que consumen recursos sin generar beneficios para la sociedad.
Auditorías y procesos judiciales
El director de la OFEP, Pablo Camacho, informó que las auditorías continuarán para establecer responsabilidades sobre las pérdidas acumuladas y el uso de recursos públicos. Según explicó, varias empresas financiaron gasto corriente con créditos estatales y no alcanzaron los objetivos para los que fueron creadas.
Lupo confirmó que los resultados de esas auditorías podrán derivar en acciones judiciales contra exautoridades y exejecutivos responsables de la administración de las empresas públicas.
"Las empresas públicas deben ser motivo de orgullo nacional, no de preocupación permanente", concluyó el ministro.