El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó este viernes que las denuncias sobre supuesta cocaína impregnada en cargamentos de madera boliviana provocaron un perjuicio que trasciende al sector forestal y termina afectando la imagen del país como exportador confiable.
Rodríguez sostuvo que el pronunciamiento del IBCE responde a la importancia económica y social de la actividad forestal y recordó que las acusaciones formuladas el pasado 8 de junio por la Fiscalía Regional de Arica fueron realizadas sin respaldo científico.
"No estamos hablando solo de productores ni de exportadores; estamos hablando del país", afirmó.
El ejecutivo señaló que el tiempo terminó dando la razón a la Cámara Forestal de Bolivia, a la Cámara Nacional de Exportadores y a otras instituciones que desde un principio cuestionaron la hipótesis de que la madera boliviana estuviera impregnada con sustancias controladas.
Tres daños
Según Rodríguez, las consecuencias de este caso pueden resumirse en tres frentes.
El primero es económico, debido a que las exportaciones forestales de mayo y junio cayeron a niveles inferiores incluso a los registrados durante la pandemia, mientras varias empresas mantienen contenedores retenidos y enfrentan problemas de liquidez.
El segundo corresponde al impacto social, ya que alrededor de 200.000 personas dependen directa o indirectamente de la actividad forestal y algunas empresas ya comenzaron a reducir personal ante la paralización de los despachos.
El tercer perjuicio, añadió, es el daño reputacional.
"No solo se afecta al empresario o al exportador; también se deteriora la imagen de Bolivia", sostuvo.
Respaldo a las investigaciones
Rodríguez valoró que las nuevas pericias hayan confirmado que los reactivos utilizados inicialmente generaron falsos positivos, lo que permitió iniciar la liberación de camiones retenidos en las fronteras con Brasil, Chile y Argentina. También destacó las gestiones de la Fiscalía General, del Viceministerio de Régimen Interior y de otras instituciones para esclarecer el caso.
Asimismo, respaldó la posibilidad de que Bolivia impulse acciones legales y un eventual resarcimiento por los daños ocasionados, además de acelerar la liberación de la carga retenida.
"La confianza cuesta muchos años construirla y hoy está en juego. Alguien tendrá que dar explicaciones por el daño económico, social y moral que se ha provocado", concluyó.