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La derogación del Decreto Supremo 4373, impulsada por el Gobierno de Luis Arce, cayó como un balde de agua fría para los importadores de autos usados que consideran que la medida frena el cobro de mayores impuestos.

A su vez, desde la Cámara Nacional de Despachantes (CNDA) indicaron que ha primado la racionalidad en el actual Gobierno al abrogar en su totalidad el DS 4373 a través del DS 4403, aprobado la semana pasada.

Roberto Ríos, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos de Bolivia (Asimveb), lamentó que el actual Gobierno haya dejado sin efecto el DS 4373, que a su criterio deja al país sin nuevos pagos impositivos.

Ríos detalló que en la frontera con Chile hay unos 1.500 vehículos entre modelos 2018 y 2019 que estaban listos para ingresar al país, pero que están inmovilizados debido a la derogación de dicho decreto.

El importador se encuentra en La Paz para mantener una reunión con el Gobierno para ver la posibilidad de encontrar una solución que no afecte al sector que realizó fuertes inversiones amparado en el DS 4373.

A su vez, Antonio Rocha, presidente de la CNDA, destacó la postura del Gobierno y recordó que a inicios de octubre la Cámara expresó su preocupación por las medidas aprobadas por el Gobierno de transición en la normativa para la importación de vehículos, las cuales iban a afectar el medio ambiente, aumentar la subvención al combustible diésel, generar una posible defraudación aduanera y la omisión de pago por subvaluación.

Rocha remarcó que la anterior administración transitoria pretendía la ampliación de la antigüedad para la prohibición de importación de vehículos de pasajeros (Partida Arancelaria 87.03) y los chasis con motor (torpedos) de uno a dos años. 

Además, dejaba sin efecto la prohibición de importación de vehículos de doble tracción a diésel con cilindrada menor a 4.000 CC y de vehículos siniestrados con aparente daño exterior leve.

“Los despachantes de Aduana esperamos la misma racionalidad para la modificación urgente del Art. 9 del DS 4298 y las resoluciones aduaneras subsecuentes que establecen facilidades de pago de los tributos aduaneros sin importar la cuantía ni la cualidad crediticia del importador solicitante, lo que constituye un grave riesgo para las finanzas del Estado y por ende un riesgo implícito para los despachantes de Aduana que intervienen en estas operaciones”, resaltó Rocha.

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