Escucha esta nota aquí

Sorprendidos. Desde la Cámara Boliviana del Automotor (CBA) y de la Cámara Nacional de Despachantes Aduaneros (CNDA), expresaron su malestar por el Decreto Supremo 4373 que a partir del 1 de diciembre de 2020 amplía la antigüedad de los vehículos usados a diésel, de uno a dos años, y que autoriza la internación al país. 

Respecto a la medida, Luis Encinas, gerente general de la CBA, dijo que no le corresponde aplicar a un Gobierno que está a días de salir, por lo que considera que este es un accionar político que busca trasladar responsabilidades a las nuevas autoridades.

Encinas manifestó que no se entiende cómo se quiere abrir las puertas para que lleguen al país vehículos más viejos que han tenido un uso extremo, por lo que sus motores van a consumir más diésel, generando una mayor demanda de combustible, lo que, a su criterio, van incrementar la subvención, que ya llega a los $us 1.500 millones.

Para el gerente general de la CBA, el negocio de importación de vehículos de las empresas legalmente constituidas que tienen representación de una marca, genera un ingreso importante al Estado por concepto de impuestos.

En contrapartida considera que los importadores grises y aquellos cuyo negocio no es el de importadores concesionarios de marcas, ganan mucho dinero eludiendo los tributos al Estado mediante subfacturaciones o dibujando figuras de importación directa (fingiendo que el comprador es el que importa).

Encinas también hizo notar que mucho mayor es la ganancia de los que trabajan con vehículos usados y peor "permitirá el ingreso de vehículos siniestrados que antes estaban prohibidos. Van a meter chatarra con la anuencia de muchos funcionarios aduaneros proclives a la corrupción. De ahí la idea de tirar la responsabilidad a otro Gobierno”, manifestó Encinas.

Sobre el tema, Roberto Ríos, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos de Bolivia (Asimveb), rechazó que el sector no pague impuestos y puntualizó que las pólizas que se cancelan a la Aduana son un 50% más  a las que pagan las concesionarias que importan vehículos 0 km.

A manera de ejemplo, Ríos detalló que por Toyota Corolla, versión 2018, pagan un Gravamen Arancelario (GA) de Bs 8.443, también cancelan un Impuesto al Consumo Específico (ICE) por Bs 18.585 y finalmente un Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Bs 13.883.

Cuando se le consultó sobre el impacto negativo en el medioambiente que estos motorizados iban a causar, Ríos aseguró que estos vehículos de origen estadounidense, europeos y japoneses cumplen con el Protocolo de Montreal, por lo que las unidades que ingresan al país pueden ser calificadas bajo el sistema Euro 6.

A su vez, Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), señaló estar preocupado por este decreto, ya que esta medida afectará al medioambiente, aumentará la subvención al diésel y fomentará la defraudación aduanera y la omisión de pago por subvaluación.

Rocha remarcó que el DS 4373 establece la ampliación de la antigüedad para la prohibición de importación de vehículos de pasajeros y los chasis con motor (torpedos) de uno a dos años. Además, deja sin efecto la prohibición de importación de vehículos de doble tracción a diésel con cilindrara menor a 4.000 y de vehículos siniestrados con aparente daño exterior leve.

Sin embargo, para Encinas lo que se puede rescatar de esta norma es que al abrirse la posibilidad de levantar la prohibición de importación para vehículos a diésel 4x4, se podrá importar “camionetas” a diésel menores a 4.000 cc, dentro de todas las movilidades que están permitidas ahora, por la necesidad de estos vehículos para el desarrollo agrícola.

Ante este nuevo escenario, Rocha sostuvo que pedirán al nuevo Gobierno dejar sin efecto esta norma, ya que, por la depreciación del vehículo y la subvaluación en la compra de personas naturales, hay una mayor evasión de tributos aduaneros, además de una afectación a las empresas formales importadoras de vehículos nuevos.