Impuesto a la riqueza va por el dinero que salió de Bolivia hacia el exterior

El impuesto a las grandes fortunas que se debate actualmente en la Asamblea Legislativa tratará de gravar también los bienes y capitales bolivianos fuera del país. En el inciso A del tercer artículo del proyecto de ley se indica que “son pasivos de este impuesto las personas naturales residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia con fortuna situada en el territorio nacional y/o en el exterior”. 

Eso implica que las personas que tengan un patrimonio mayor a los Bs 30.000.0000 deberán declarar sus bienes, depósitos y valores en el exterior y en caso de no hacerlo se arriesgan a recibir una multa que asciende al 200% del monto evadido.

El impuesto a las grandes fortunas es una de las promesas de campaña de Luis Arce Catacora fundamentado en la crisis económica producida por el coronavirus. Durante la campaña se anunció que se lograría recaudar cientos de millones de bolivianos, pero en el proyecto de ley que se debate actualmente en la Asamblea Legislativa se indica que afectará apenas a uno de cada 10.000 bolivianos y que se espera recaudar un monto cercano a los Bs 105 millones. 

Así por ejemplo, una persona que posea un patrimonio de $us 5 millones deberá pagar alrededor de $us 48.000 al año. El porcentaje sube de acuerdo a la fortuna declarada.

Parecidos y diferencia

El abogado Jorge Zogbi explica que no es lo mismo este impuesto a la renta universal que se aplica en otros países. Señala que este es un impuesto al patrimonio y no a las ganancias, que en otros países, como Chile y Brasil, por ejemplo, se aplica a las ganancias de los residentes sin fijar un patrimonio mínimo, como es el caso boliviano.

Ya se han hecho estudios comparativos del impacto de este nuevo tributo y es mínimo en relación a otros ya vigentes. Por ejemplo, si se compara lo que se espera recaudar por el impuesto a las grandes fortunas con lo que se tributa por el impuesto a las bebidas alcohólicas, significará un incremento de apenas 0,5%.

Además, para aplicarlo de forma efectiva y encontrar los depósitos de ciudadanos bolivianos en el exterior, el Estado necesitará firmar una serie de convenios bilaterales y de reciprocidad con los países que identifique como destino de los recursos de bolivianos. Allí, según ve Zogbi, se encontrará con la barrera de países que protegen el secreto de sus ahorristas, por más que no sean residentes en ese territorio, como es el caso de los paraísos fiscales.

Explica que son acuerdos de intercambio de información tributaria que difícilmente se obtendrá de paraísos fiscales.

“Este impuesto casi no se aplica en ninguna parte porque ocasiona fuga de capitales”, explica.

Para Iver von Borries, también jurista especializado en derecho empresarial, este es un impuesto a la riqueza similar al que se acaba de aprobar en Argentina y no es una novedad en la región, ya que Colombia, Chile, México y Brasil también lo aplican, por ejemplo, no tenemos la cantidad de multimillonarios para que aplique este impuesto. 

Para él tiene una fuerte carga ideológica, porque va en contra de los que más tienen, pero a diferencia de los países de la región que lo aplican, Bolivia no registra tantos acaudalados como México, Brasil, Chile o Argentina, que tienen a las personas más ricas del mundo.

“No creo que vaya a ser un impuesto cuyo resultado sea significativo, no va a marcar una diferencia”, explica.

Sobre la búsqueda de caudales bolivianos en el exterior, Von Borries señala que será complicado que Bolivia pueda acceder a información, porque para comenzar ha denunciado el convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversión (CIADI), tribunal al que define como “la piedra angular del derecho internacional de inversiones”. Señala que Bolivia es el primer país que abandona este tratado y sienta un mal precedente para la inversión extranjera en el país.

Explica que para desarrollar este tipo de tributo los Estados se basan en la reciprocidad de intercambio de información y cree que será difícil que eso suceda, por ejemplo, con países como Estados Unidos, que difícilmente informará sobre los bienes y cuentas de bolivianos registrados allí.

Otro punto que llama la atención de los juristas es que no se trata de un impuesto que beneficie a las regiones donde viven los acaudalados, ya que no es coparticipable, sino que va de manera íntegra al Tesoro General de la Nación y no se beneficiarán los municipios, gobernaciones y universidades, como sucede con otros tributos.

Otro punto llamativo para los analistas es que pese a que su aplicación se fundamenta en la crisis del coronavirus, no se pone un límite de tiempo para dejar de cobrarlo, sino que se lo instituye como un nuevo tributo en el Estado boliviano.