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La idea aún no germina, pero ya tiene sus primeros lineamientos. Así el exvicepresidente Álvaro García Linera planteó una reforma tributaria que contemple una ampliación del cobro del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) e incluya un nuevo gravamen a las agroexportaciones (agronegocios) con el objetivo de incrementar los ingresos que actualmente percibe el Estado.

Sobre el tema, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) señaló que en caso de prosperar esa idea y aplicarse dicho impuesto, el Gobierno estaría matando a la “gallina de los huevos de oro”, ya que el sector agroindustrial exportador hoy es el único que puede mantener en equilibrio la balanza comercial del país.

García Linera, en una entrevista a un medio extranjero que refleja ANF, sostuvo que no conversó con nadie del Gobierno, pero que considera que se debe hacer una reforma tributaria, en la que se cobre una mayor tasa impositiva a las personas que tienen mucho más recursos.

La exautoridad remarcó que el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) es el primer paso e hizo notar que el mismo se lo deba ampliar, a tiempo de sugerir un impuesto a las exportaciones de los agronegocios en Bolivia. En su criterio dijo que el agro tiene una subvención en el costo de electricidad, el combustible, el diésel, que se le devuelve parte de sus impuestos y no tributa por sus exportaciones.

García Linera argumentó que se estrecharon las fuentes para pagar salud y educación, que venían del gas; por lo tanto, considera que este sector de alta rentabilidad debería pagar una tasa del 5%, 10% o del 15 % de las exportaciones al Estado y puntualizó que ahí hay una excelente fuente de ingresos.

Posibles distorsiones

Jorge Amantegui, presidente de la Caniob, indicó que esa clase de impuestos afecta la capacidad productiva y exportadora del país, generando distorsiones tales como mayores costos en la cadena productiva, industrial y comercializadora. Además de la pérdida de empleos, caída de ventas de los proveedores de insumos y maquinarias.

Resaltó que este gravamen genera desincentivos para invertir y salir a competir internacionalmente, aumenta el incumplimiento de contratos internacionales y genera la sensación de un país poco confiable y riesgoso para hacer inversiones.

Amantegui consideró que en lugar de afectar a la cadena agroproductiva e industrial del país con un impuesto que mal podría resolver la falta de recursos del Estado, es momento de incentivar con mayor decisión la producción agropecuaria y mejorar las condiciones de los productores e incrementar los ingresos del país a través de las exportaciones.

La inquietud fue trasladada a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y a la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor), pero optaron por el silencio al igual que la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Mientras que, desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), indicaron que no iban a emitir opinión alguna sobre el criterio de una exautoridad.

Germán Molina, analista económico, sostuvo que el paso fundamental es ampliar la base tributaria e incorporar a sectores como los cocaleros, los cooperativistas mineros, el sector informal y al departamento de Pando que lleva 20 años libre de pago de impuestos de diferente índole.

Indicó que el sector exportador no tradicional es el único que genera divisas por lo que se lo debería incentivar y no presionarlo con nuevas cargas impositivas.

Caso argentino

Recaudación

El economista Gonzalo Augusto en un estudio para la Bolsa de Cereales de Córdoba, indicó que en los últimos 16 años el sector agrícola argentino aportó en concepto de impuestos, a valor actual $us 95.000 millones a los ingresos fiscales de la Nación.

La mirada del campo

Renacida la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, acuciado por la crisis de la deuda y las urgencias fiscales, también aplicó retenciones, pero con alícuotas decrecientes, que el gobierno de Menem eliminó casi por completo en 1991. En la era kirchnerista las alícuotas fueron dando sucesivos saltos, hasta llegar a un 35% para la soya, en noviembre de 2007.


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