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Las agroindustrias, que forman parte de la cadena productiva de la caña de azúcar, enviaron una carta al presidente Luis Arce Catocora solicitándole apoyo decidido al Programa del Etanol, anteponiendo que su decisión permitirá a Bolivia dar un paso histórico para consolidar una matriz energética ambientalmente amigable, liberando al país de la dependencia de importación de combustibles fósiles y blindando a la economía de la volatilidad característica de los productos derivados del petróleo a escala mundial. Además, citan que en la presente coyuntura dará un impulso inmediato para reactivar la economía.

Exponen que el programa requiere el cumplimiento estricto de las leyes, decretos, resoluciones y normas vigentes. “YPFB puede garantizar para 2021 una demanda mínima de 150 millones de litros (técnicamente factible) y en los siguientes tres a cuatro años, incrementar gradualmente los volúmenes hasta lograr la sustitución de las importaciones de gasolinas por un combustible boliviano. La empresa estatal tiene la capacidad técnica y económica para hacerlo”, anotan en la carta altos ejecutivos de las factorías La Bélgica, Unagro, Aguaí y Concabol.

Anotan que la cadena productiva de la caña de azúcar como sector agroenergético, no sólo produce azúcar y alcohol -alcohol sanitario, alcohol combustible (etanol)- sino también energía eléctrica a partir del bagazo de la caña (residuo vegetal) para inyectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN), apoyando así a la transformación de la matriz energética del país con energías ambientalmente amigables y renovables.

 “Cumplimos doble objetivo y coincidimos con usted señor Presidente en que aportamos al ahorro de divisas y de gas natural que puede ser utilizado para mayor exportación o para fortalecer otras áreas industriales con importante efecto multiplicador”, reafirman los ejecutivos.

Estiman más de 15.000 familias cañeras de los departamentos de La Paz, Tarija y Santa Cruz "que coparticipamos en el resultado de venta de cualquiera de nuestros productos, en cumplimiento de la Ley del Complejo Cañero que establece que el 60% de las ventas sean transferidas a los cañeros, como pago por la compra de materia prima. 

Se asegura que el etanol desplaza las importaciones de combustibles fósiles, mejora las condiciones de la balanza comercial, evita salida de divisas que benefician a productores del exterior y protege las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Además, transfiere recursos a miles de familias bolivianas que participan de la cadena productiva de la caña de azúcar como trabajadores del agro, transportistas, servicios, industriales, fabriles entre otros, y estos a su vez generan un efecto multiplicador al demandar productos y servicios producidos en el territorio nacional a otras cadenas productivas. 

Asimismo, protege y crea empleos para más de 15.000 familias cañeras y genera otros servicios por el efecto multiplicador de la caña, considerado uno de los mayores de la actividad del agro.

Le recuerdan al jefe de Estado que la Ley 1098 establece que se puede incorporar alcohol deshidratado en la gasolina hasta en un 25%, sin embargo, hasta la fecha y por distintos motivos, el nivel de incorporación no alcanza ni al 5% del volumen total de gasolina comercializada por YPFB, que debe importar gasolina para sostener el consumo nacional a un precio actual de barril que supera los $us 70 y con probable aumento, frente al precio de $us 45 que tenía el mercado inició el proyecto.

“El proyecto del etanol tiene alcance nacional. Puede abarcar a productores de todas las regiones de nuestro país, no sólo productores de caña de azúcar, sino también productores de sorgo y cualquier otro cultivo susceptible de ser industrializado para la producción de combustibles, precautelando la seguridad y soberanía alimentaria, el medio ambiente y potenciando el crecimiento económico sostenible de nuestro país con materias primas y mano de obra bolivianas”, reflexionan los industriales en la carta.

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