Escucha esta nota aquí

En un contexto de tensión entre productores que defienden el uso de la biotecnología para incrementar la eficiencia productiva en campo y organizaciones agroecológicas y activistas ambientales que interpusieron una acción popular para vetar el uso de transgénicos en campos agrícolas del país, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) sale al paso y plantea apostar por la agroexportación para reactivar la economía nacional.

En un pronunciamiento, el presidente de dicha organización Jorge Alberto Amantegui, señala que Bolivia es parte de una región en la que los países que la integran han desarrollado su agricultura, transformándose en potencias en la producción y exportación de productos agropecuarios

“Ellos utilizan desde hace muchos años la biotecnología, que les han permitido mejorar las semillas y los cultivos”, aludió, al acotar que el país no está en las mismas condiciones para competir en un mercado globalizado, que cada vez necesita más producción de alimentos.

Argumenta que en la última década Bolivia tuvo una dependencia económica muy fuerte de las exportaciones tradicionales de hidrocarburos, especialmente gas y minerales, pero ahora estos productos disminuyeron sustancialmente los ingresos para el Estado. A eso se suma la afectación por la crisis económica mundial producida por la pandemia del Covid-19, que profundizó las dificultades financieras del país.

En las actuales circunstancias, a decir de Amantegui, las agroexportaciones de productos con valor agregado se convierten en la alternativa más viable para reactivar la economía nacional y, en ese contexto, el sector agroindustrial oleaginoso es un pilar fundamental para ello.

Mencionó que el sector agropecuario nacional y las industrias procesadoras de granos son parte de un clúster, que es necesario para generar los ingresos por exportaciones que nuestro país necesita para salir adelante. 

Para que ello se genere, dijo que es necesario que crezca la producción de granos en el país, pasando de un rendimiento de 2,2 toneladas por hectáreas a rendimientos de 3, 5 toneladas, equiparando la escala de nuestros vecinos Brasil, Argentina y Paraguay. “Este último país, que hace menos de 20 años tenía la misma producción que Bolivia, hoy produce tres veces más que nosotros”, reflexionó.

Expuso que la agroindustria nacional opera al 60% de su capacidad por la falta de materia prima, abastece el mercado interno con subproductos derivados de la soya, que se transforman en proteínas para alimentos básicos como los lácteos, carnes de res, pollos, cerdos y los excedentes se exportan, generando ingresos al Estado por alrededor de $us 1.000 millones.

La Caniob cree que, aumentando el rendimiento en la producción de granos a los niveles de los países vecinos, y remontando un 50% las exportaciones (sólo en soya), se alcanzarían aproximadamente $us 500 millones más de ingresos que ayudarían a mejorar la economía del país y permitiría a Bolivia posesionarse en el ámbito internacional como un país agroexportador con valor agregado.

“El incremento en los rendimientos de la producción de granos repercutirá en mejoras financieras para toda la cadena productiva (productores primarios, sector industrial, transporte y la logística, entre otros), lo que a su vez trascendería en mayores ingresos por divisas e impuestos para el Estado, beneficiando a la población con mayor cantidad de empleos en todos los sectores de la cadena y asegurando la seguridad alimentaria nacional”, subraya la Caniob.

Ayer, la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores, recolectores, apicultores, transformadores, consumidores, científicos y activistas, emitió un pronunciamiento en el que rechazan los argumentos del sector del agronegocio que pretende, según ellos, utilizar argumentos falsos contra quienes se oponen a los transgénicos y que descalifican la acción popular, cuya audiencia está prevista para el 4 de septiembre.

Los demandantes se oponen al DS 4232, aprobado el 7 de mayo de 2020, por el actual Gobierno, que de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.