INRA denuncia que se pretendió beneficiar con 27.000 hectáreas de tierra a la familia Marinkovic en 2020

Autoridades del Instituto Regional de Reforma Agraria (INRA), en conferencia de prensa, denunciaron hoy que en 2020, durante durante el Gobierno transitorio, se intentó "beneficiar" a la familia Marinkovic Jovicevic con al menos 27.000 hectáreas de tierra por medio del saneamiento.

Los predios observados son los de la zona Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, que corresponderían a la familia del ex ministro de Economía, Branko Marinkovic.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, manifestó que en 2020 se buscó reconocer estos predios, que son tierras fiscales, y que esta situación llevó a notificar al Viceministerio de Tierras con las resoluciones finales del saneamiento de predios perteneciente a la familia Marinkovic. Dicho viceministerio tiene un máximo de 30 días para pronunciarse al respecto.

Según Núñez, durante el gobierno transitorio se emitieron resoluciones sobre 507 predios; en 46 hay indicios de irregularidades que abarcan una superficie de 272.000 hectáreas. Dos de esos predios son los de Tierras Bajas del Norte (en la provincia Chiquitos) y Laguna Corazón (provincia Guarayos); estos fueron los primeros en notificarse.

Sobre esos dos predios, el titular del INRA explicó que se inició el proceso de saneamiento de tierras en 1998 -hasta 2019- donde la entidad agraria se mantuvo en reconocer solamente la superficie de 5.000 hectáreas, pero el predio de Tierras Bajas del Norte se pretendió reconocer en 21.839 hectáreas, afectando al Estado con una superficie de 16.839 hectáreas, que son tierras fiscales.

Núñez recordó que la ley referida a latifundios indica que se debe tener un máximo de 5.000 hectáreas; sin embargo, durante el Gobierno transitorio se pretendió reconocer la superficie total, lo cual es una afectación directa al Estado, ya que esto debía ser declarado como tierras fiscales. "En un año quisieron reconocerla totalidad del predio", subrayó.

Respecto a la zona de Laguna Corazón, Núñez señaló que el INRA inició el proceso de saneamiento en el año 2000, pero hasta 2019 se reconocieron solo 2.279 hectáreas de un total 12.481 hectáreas que quiso reconocer el Estado, lo que significa que 10.207 hectáreas deberían haber sido declaradas como tierras fiscales.

"Son tierras que le pertenecen al Estado y a todos los bolivianos. En Guarayos son de reserva forestal. Se notificará a la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras) y al Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) para que tomen conocimiento de estas resoluciones", que están en manos del Viceministerio de Tierras, dijo el titular del INRA.

En este sentido, será dicha esfera estatal la que determine los detalles y considere si esta situación debe ser llevada ante el Tribunal Agroambiental. Además, se continuará llevando adelante las observaciones con los otros expedientes señalados por Núñez.

Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, sostuvo que entra en vigencia el Decreto 4494 que tiene el objetivo de optimizar los procedimientos agrarios. Asimismo, indicó que también se fortalece el control de calidad para mayor efectividad y otorga mayor transparencia.

EL DEBER buscó la palabra del exministro Marinkovic para conocer su postura sobre esta denuncia, pero no atendió a las llamadas realizadas. Sin embargo, en noviembre, la familia Marinkovic Jovicevic emitió un comunicado en el que refuta la denuncia de un supuesto tráfico de tierras.

La familia Marinkovic Jovicevic aclaró que el exministro no tiene ninguna relación de propiedad en las tierras mencionadas. Especificaron que la titularización de las mencionadas tierras corresponde a un trámite que ha tomado más de 10 años y que, después de un proceso legal debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas, ha concluido con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de julio de 2020, la misma que dispone que el INRA emita resolución final de saneamiento.

Asimismo, afirmaron que, desde el momento en que las tierras fueron legalmente compradas, hace más de una década -cuando se canceló el total del valor de las mismas- sus propietarios han cumplido a cabalidad todas las normas legales vigentes en el país. “Las mismas han sido adquiridas en estricto cumplimiento de la Ley y de la Constitución Política del Estado”, apuntó la familia del ex ministro de Economía.

Situación en Santa Cruz

La noticia del INRA se da en un contexto en el que el directorio cívico ampliado de San Ignacio de Velasco conformó una comisión interinstitucional para iniciar acciones de defensa de la tierra y se declaró en emergencia ante el avasallamiento de tierras ubicadas en áreas protegidas. 

Además, exige a las autoridades municipales y al subgobernador de la provincia que paralicen la dotación de entrega de personería Jurídica a nuevas comunidades. Piden que se frene el acceso a tierras declaradas como áreas protegidas y las aledañas al Parque Noel Kempff Mercado.

En la misma resolución, plantean la necesidad de que las nuevas autoridades departamentales “convoquen y conformen” la Comisión Agraria Departamental con el propósito de “impulsar una auditoría del proceso de dotación y adjudicación de tierras” desde el 2006 hasta el 2019, para determinar si estas dotaciones han cumplido la normativa legal vigente y los instrumentos de planificación de uso de suelo.

Entre las peticiones que se incluyen en la resolución del directorio cívico está la de convocar a la Brigada Parlamentaria Cruceña para que fiscalice el nombramiento de las autoridades del INRA y exija que sea “una autoridad técnica y no política” la que dirija dicha institución.