Interculturales y campesinos afines al MAS son dueños de 24,8 millones de hectáreas de tierras

Afirmar que los interculturales y campesinos, considerados el ala dura del MAS, son los dueños de las mayores extensiones de tierra en el país no es una exageración, es un hecho. Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre los dos sectores poseen el 28% de la tierra saneada. Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas. Tienen una mayor extensión que el sector empresarial, que cuenta con el 15% de la tenencia (13,6 millones de hectáreas).

Mientras, el Estado posee el 30% (26,7 millones de hectáreas). Los indígenas tienen el 27% (24,3 millones de hectáreas) de predios.

La detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo no solo puso en tela juicio al Gobierno, sino a los interculturales que respaldan a la exautoridad, detenido mientras recibía un soborno de $us 20.000 para sanear un predio en San Ramón (Santa Cruz). 

Este mismo grupo, públicamente, exigió al Gobierno que designe un ministro que responda al sector y pidió la administración del INRA, por haber apoyado electoralmente al partido de Gobierno.

De hecho, antes de Characayo, el sector colocó a Wilson Cáceres como ministro del área, pero fue destituido por nepotismo.

Se buscó a la dirigencia del sector en Santa Cruz, pero no contestaron la consulta de EL DEBER.

Fernando Azturizaga, ex viceministro de Tierra, dijo que los interculturales han gozado de prioridad a la hora de dotación.

Según la exautoridad, durante la gestión de Evo Morales se dejó de lado la Comisión Agraria Nacional que era la única entidad, de acuerdo a las leyes nacionales, encargada de la dotación de tierras; junto con las Comisiones Departamentales, que en más de una década no pudieron conformarse.

La exautoridad sostuvo que el INRA debería pedir a estas comisiones la autorización para dotar la tierra. “Pero pasaron por alto esto, y por eso no han hecho participar a las comisiones”, dijo.

Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible en la gestión de Carlos Mesa, dijo que durante el Gobierno de transición (2020) se verificó que las carpetas priorizadas para la distribución de tierras pertenecían a los interculturales.

“Se intentó cambiar el lineamiento de acuerdo a los que dice la Constitución y las normas”, dijo la exautoridad.

Fernando Rojas, gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), señaló que durante el Gobierno de Evo Morales, 1,7 millones de hectáreas de la Chiquitania fueron repartidas entre campesinos e interculturales, sin respetar el uso de suelo. Y solo un 4% de esa dotación fue a manos de los indígenas.

Dijo que incluso los sectores favorecidos amenazan a los indígenas que se atreven a denunciar. “Esto es tráfico de tierras porque solo están los dirigentes, son comunidades fantasmas, que después se venden al mejor postor”, dijo.

Asentamientos

Un estudio realizado por la Fundación Tierra, denunció que el INRA, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios.

Según la organización, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.

El director del INRA, Eulogio Núñez, señaló que actualmente resta sanear el 14% de la tierra. Además, un 6% de esos predios está en conflictos por la tenencia.

El funcionario indicó que hasta el 2023 se tiene previsto culminar el saneamiento de tierras en el país. Sobre los recientes hechos de corrupción relacionados a la tenencia de la tierra, dijo que su gestión tendrá cero tolerancia a estos actos y que no se favorecerá a ningún sector. También se refirió al pedido hecho por los interculturales; que exigieron la dirección de la institución. “Solo el presidente tiene esta tuición”, dijo a tiempo de invitar al diálogo a ese sector.