La investigación por presunto daño económico en el Banco Central de Bolivia (BCB) suma presión sobre la gestión de la entidad en un momento delicado para la economía. La Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva para el expresidente del BCB, Edwin Rojas, mientras avanza el proceso por operaciones que habrían generado un perjuicio de $us 142,3 millones.
El caso se sustenta en una auditoría de marzo de 2026 que identificó al menos siete operaciones con posibles irregularidades. Según el Viceministerio de Transparencia, en uno de los casos bonos ofertados por $us 12,3 millones fueron adquiridos por más de $us 21,7 millones, con una diferencia superior a $us 9 millones.
De acuerdo con la investigación, estas prácticas se repitieron en distintas transacciones. Además, se analizan correos en los que se habría instruido modificar registros contables tras las operaciones.
El proceso alcanza a niveles técnicos y colegiados del BCB, lo que abre dudas sobre los controles internos en decisiones clave en un contexto de presión sobre las reservas internacionales. El caso también pone bajo revisión la gestión institucional en un momento en que la confianza en el sistema financiero es determinante.