El ministro de Economía y Finanzas dice que la salud fue un ‘apéndice’en la anterior administración de Gobierno. Revela que muchos proyectos de inversión pública se desarrollaron con fines políticos, no sociales

15 de marzo de 2020, 3:00 AM
15 de marzo de 2020, 3:00 AM

La economía tiembla con el coronavirus. Las estimaciones para Bolivia ya eran desalentadoras, con un estancamiento del Producto Interno Bruto supeditado al año electoral. Y son cálculos efectuados antes del surgimiento de dos ‘cisnes negros’: el coronavirus y la baja abrupta del precio del petróleo. Esos eventos inesperados generan un cuadro muy complejo, pero el ministro de Economía, José Luis Parada, confía en la estrategia que ejecutan desde noviembre de 2019.

¿Cómo impactará el coronavirus en la economía?

Se están tomando medidas para no tener problemas. Nosotros no somos una isla y haremos gestiones porque a escala mundial se están generando los recursos para enfrentar esta emergencia. Por ejemplo, el FMI creó un fondo de $us 50.0000 millones.

¿Se ha presupuestado un monto en Bolivia?

Se dio la instrucción de darle la prioridad a salud. En febrero, una vez que hicimos la revisión de los programas se anunció un techo del 10% del Presupuesto General el Estado (PGE) para salud, justo sin saber que habría el coronavirus. Todos los programas políticos del anterior Gobierno se reajustaron, había funcionarios que no eran médicos, lo que se hizo fue reordenar con un solo eje, que es el Seguro Único de Salud, y apoyar al primer y segundo nivel.

Sin embargo, había una ley de distribución de recursos de regalías por hidrocarburos para salud ¿Qué sucedió?

Sí, cuando Hormando Vaca Díez sacó la ley, el 32% tenía que destinarse a salud, generación de empleos y caminos, pero el Gobierno del MAS decidió sacar plata a las gobernaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que eran para salud y educación y traerlas al Gobierno central para pagar una política nacional. Eran recursos de los excedentes de las empresas públicas estratégicas, pero como ellos veían venir que las empresas públicas eran un fracaso, prefirió sacarle a las gobernaciones más de $us 4.000 millones para pagar la Renta Dignidad, y cuando YPFB estaba fracasando; porque la producción había bajado, sacó a gobernaciones, municipios y universidades el 12% del IDH que iba a salud y educación para destinarlo a un fondo de exploración de hidrocarburos, aunque desde 2016, la producción seguía disminuyendo.

Entonces, ¿se dejó de lado la inversión en salud?

Desde 2014 a 2016 bajaron los ingresos más del 60%, y fueron afectados universidades, municipios y gobernaciones.

Ahora que tienen acceso a la información oficial ¿cuál fue la prioridad del Gobierno de Evo Morales?

Vemos que el déficit fiscal y el alto subsidio en combustibles, fueron porque en los últimos cinco años, la prioridad era la reelección de Evo Morales y el ex ministro de Ecomomía, Luis Arce no se preocupó de la gestión económica, y dejó de lado salud y educación.

Al 2018, según los datos del MAS, el 51% de la población boliviana; es decir, más de seis millones de personas no tenían cobertura financiera de salud. Entonces, ¿dónde estaba el éxito del modelo?, por ello decidimos un 10% para salud. En 14 años, la salud fue solo un apéndice y nadie la consideró válida. Mire que en 1992 usted tenía 1,3 millones de habitantes en Santa Cruz y cinco hospitales, hoy son 3,5 millones y tenemos los mismos cinco hospitales de tercer nivel. Entonces, el desequilibrio entre población y camas disponibles se tiene que ir solucionando. Ahora, este virus nos tiene que llamar la atención para manejar de manera técnica, no política.

¿Habrá algunas medidas de excepción? ¿Quizás la flexibilización en el pago de impuestos de las empresas? ¿Algún incentivo a emprendedores?

Estamos emitiendo una ley del ‘perdonazo’, para dar seguridad jurídica, hay deudas de varias empresas por la discrecionalidad que había en el manejo del Servicio de Impuestos Nacionales. Se perseguía a las empresas que no estaban de acuerdo con las políticas del MAS. Entonces, bajamos de ocho a cuatro años el periodo de prescripción de deudas impositivas, ellos subieron a ocho y pedían facturas de ocho años anteriores y mucha gente obviamente no las encontraba, entonces metían multas y manejaban de manera política a quién fiscalizaban.

¿En qué fase está esa ley?

Se aprobó en Conape (jueves) y se está enviando a la Asamblea Legislativa, también se trabaja en la flexibilización en la Aduana, porque había multas fuera de la realidad. Era una política de sobrefiscalización, sobremultas, que lo único que hacía era perjudicar a la gente.

Ahora vemos el derrumbe del petróleo a $us 31 el barril y en el PGE 2020 está calculado en $us 51,37, ¿habrá ajustes?

Vamos a tener que reajustar el PGE y volvernos a sentar para trabajar un pacto fiscal.

¿Devaluarán el tipo de cambio como lo hicieron los países vecinos?

No vamos a devaluar la moneda. Se están haciendo las proyecciones bajo el Programa Fiscal Financiero, sin devaluaciones porque la estabilidad nos da la perspectiva de poder generar nuevos proyectos e inversiones como el tema del litio con $us 1.400 millones. No está en los planes del Gobierno y es contraproducente en este momento. El sistema financiero está con liquidez.

Usted dice que la banca está con liquidez, pero están en una campaña agresiva para captar ahorros...

El sistema financiero boliviano es sólido. La publicidad para captar ahorros es normal y estamos con la desaceleración mundial, pero la economía debe seguir funcionando y el Gobierno tiene que dar la tranquilidad, a pesar de la crisis importada. Si usted se fija el entorno como Argentina, Ecuador y Chile están con serios problemas y lógicamente con el modelo anterior, con un ex presidente que manejaba a capricho y el ‘cajero Arce’ íbamos camino a Venezuela. Sin embargo, Jeanine Añez acabó el despilfarro. Yo no la veo que me diga haga una planta en Beni porque yo soy de allá, eso no me cabe en la cabeza, como tampoco que profesionales como Arce y (Carlos) Villegas llevaran $us 1.000 millones al centro del país por un capricho estrictamente personal.

Ustedes lograron reducir el déficit fiscal, ¿pero lo hicieron dejando de pagar a las empresas contructoras?

No. Primero, se redujo el déficit con algunos proyectos que eran ‘vendidos’ como créditos externos, pero eran recursos del Tesoro General de la Nación. Lo otro son deudas que dejaron en las distintas instituciones, porque el Gobierno pagaba lo que le interesaba políticamente, no lo que había contratado. Por ejemplo, en ABC dejaron una deuda de más de Bs 700 millones. Y así en varias instituciones no pagaban porque había una decisión política de pagar los proyectos políticos. Hoy, cada institución está determinando el nivel de deuda y se está empezando a pagar, previa revisión. Se está pagando a las empresas desde diciembre, estamos revisando los proyectos, porque muchos no tienen ni siquiera el estudio a diseño final.

En YPFB hubo reducción de personal, ¿hay despidos para disminuir el gasto corriente?

Cada institución está revisando las posibilidades porque la rebaja de ingresos económicos, nos obliga a hacer ajustes. Se priorizan los proyectos que beneficien a la población y los que sean cemento se postergan un poco.

¿Qué otras acciones ejecutan para ser eficientes y evitar el despilfarro en tiempos de contracción económica?

Hicimos el recorte de gastos superfluos y comenzamos a revisar los proyectos de inversión que se firmaron al calor político, porque cuando tenían el déficit del 7,8%, contrataron proyectos mayores, con cargo al TGN. Entonces, la proyección era del 9,5%, pero con estas medidas que toma el nuevo Gobierno bajamos un 2,2% entre noviembre y diciembre, porque el anterior tenía una costumbre de gasto entre octubre a diciembre para mostrar a los organismos internacionales, maquillaba las cifras y hacía una contabilidad creativa para mostrar un mayor nivel de inversión y crecimiento, entonces esta información se iba a los organismos internacionales.

Se puede ver entonces, la discrecionalidad con la que trabajaban desde 2014 cuando el barril pasó de $us 20 a $us 140, los ingresos fueron 5,5 veces más, pero no impactaron 5,5 veces más en salud.

Ustedes ya recibieron el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana sobre el incremento salarial, ¿cuál será la respuesta?

En el aumento del año pasado, uno de los temas fue la inflación. En 2018, que estuvo en un 1,57% , el incremento fue del 4% al haber básico y 3% al salario mínimo. La inflación, a diciembre del 2019, fue del 1,47%; entonces con una inflación baja, creemos que hay dos componentes que son alimentos y transporte. Entonces, el aumento salarial debe considerar lo que no se tenía el año pasado, coronavirus, la caída del petróleo y minerales. Confío en la madurez de los trabajadores, que es una coyuntura conflictiva no atribuible al Gobierno actual. Creo que el aumento salarial debe ser un porcentaje que sea racional y que nadie se sienta perdedor ni ganador, que gane el país.

PERFIL
El cruceño José Luís Parada Rivero se graduó como bachiller del Instituto Americano de La Paz y recibió el título de Economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En Cordecruz fue coordinador del Reclamo Justo de Regalías, Jefe de Planificación Sectorial y Director de Administración y Finanzas. Fue director en la Hilandería Santa Cruz, director Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia y, secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Departamental de Santa Cruz.


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