El Ministerio de Desarrollo Productivo expuso este miércoles tres denuncias por presuntos actos de corrupción detectados en distintas entidades bajo su dependencia. El ministro Oscar Mario Justiniano afirmó que los casos ya fueron remitidos a las instancias correspondientes y que los involucrados están siendo procesados o investigados.
El primer caso ocurrió en las inmediaciones de Cartonbol, en Oruro. Según explicó la autoridad, el 12 de junio una persona identificada como Wilson Coca Huaita se presentó con la intención de cobrar Bs 2.000 bajo el argumento de que el dinero serviría para pagar a bloqueadores y comunarios con el fin de levantar una medida de presión. Justiniano señaló que el sujeto utilizó los nombres de un diputado y de un gerente técnico de la empresa estatal para respaldar su pedido. Tras activarse los protocolos internos, se presentó una denuncia ante la Felcc y la persona fue aprehendida.
“Una persona inescrupulosa, la cual utilizando nombres y utilizando también algunos mecanismos que son los actuales, lastimosamente, como el tema de casos de bloqueo y otros más, queriendo generar actos de corrupción”, sostuvo el ministro. Añadió que el investigado permanece procesado y que se busca establecer si actuó de la misma manera en otras instituciones.
El segundo caso involucra al Observatorio Aeroambiental y Productivo (OAP). Justiniano aseguró que en mayo se detectó que siete funcionarios fueron afectados por una práctica mediante la cual debían entregar el 30% de sus salarios. “No hay nada más denigrante para alguien que está recibiendo un trabajo de que le quieran cobrar el 30% de su sueldo”, afirmó.
La autoridad identificó a Rolando Ballesteros como la persona procesada por este hecho y remarcó que los funcionarios involucrados fueron remitidos a instancias de transparencia mientras se desarrolla la investigación. “En este Ministerio nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aporte ni para partido ni para algo ni para absolutamente nada”, enfatizó.
El tercer caso corresponde a EBA. Según el ministro, entre marzo y abril se detectaron “muy graves delitos” relacionados con la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas de Achacachi, San Andrés y Challapata. Justiniano explicó que se realizaron compras menores y que recursos terminaron en cuentas personales antes de efectuarse los pagos correspondientes.
“Se tiene la claridad absoluta de que eso no puede nunca dentro de la función pública acontecer”, afirmó. Indicó además que cinco funcionarios están siendo procesados y que todas las personas involucradas fueron destituidas.
Al cierre de su exposición, el ministro aseguró que su despacho mantendrá una política de tolerancia cero frente a hechos irregulares. “No se puede estafar al pueblo boliviano. No se puede estafar al pueblo boliviano”, remarcó.