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La compra de vehículos usados satura el tráfico de mercadería en el puerto de Iquique (Chile), según reveló la Cámara Automotor de Bolivia (CAB). El fenómeno se da después de la intención de amnistía gestionada por un grupo de personas que presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para nacionalizar más de 200.000 vehículos indocumentados.

Hace dos semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que entre junio y la segunda semana de agosto de este año se incautaron 233 vehículos indocumentados en diversos puntos fronterizos con Chile, mientras que la Asociación de Importadores de Mercancías y Vehículos de Bolivia (Asimveb) hizo público que el tráfico fronterizo se incrementara de 50 a 100 vehículos por día.

De acuerdo con el gerente general de la CAB, Luis Encinas, preocupa que agentes económicos informales con importantes capitales aprovechen la legalización de vehículos indocumentados para incrementar e intensificar la importación ilegal de vehículos nuevos, en mal estado y robados en países vecinos y otras naciones.

El ejecutivo anotó que las empresas miembros de la CAB importan vehículos nuevos ‘0 km’, cumpliendo todos los requisitos legales vigentes en el país y honrando los pagos de tributos que establecen las leyes del Estado. “Emitimos factura, generamos impuestos sobre ventas, otorgamos garantías legales por fallas o desperfectos y generamos Impuesto a las Utilidades de las Empresas (más de $us 500 millones entre tributos de importación e impuestos sobre ventas y utilidades)”, mencionó.

Encinas expresó que en los dos últimos años las circunstancias políticas y la irrupción de la pandemia del covid-19 al país provocaron una contracción del sector, cuyo volumen de operaciones se redujo en un 42%. El sector genera cerca de 12.000 fuentes de trabajo directas y 70.000 indirectas.

Para el CEO de Toyosa, Erick Saavedra, el contrabando y los vehículos ilegales son efectos del narcotráfico. “Como país no se está viendo que estas son actividades de clanes o carteles que usan los vehículos usados y nuevos (grises) para lavar dinero”, opinó.

A su juicio, estas unidades movilizan millones de dólares de capitales no declarados, que no pasan por el sistema financiero. “Permitir que más de 500.000 vehículos sean legalizados es éticamente incorrecto y viola todos los derechos de las personas que trabajan duro por un mejor país”, refirió Saavedra.

Desde la concesionaria automotriz Carmax, el gerente general Francisco Osinaga, insinuó que la pretensión de legalizar autos indocumentados sería un duro golpe a las empresas del sector formal aún impactadas por los efectos de la pandemia. “Se pone en riesgo el empleo formal y las inversiones del sector en plena fase de reactivación económica”, dijo.

Para el gerente general de Luxor SsangYong Bolivia, Eric Weise, de aprobarse la amnistía para nacionalizar vehículos indocumentados se hace apología porque se fomenta la informalidad y el delito. Ve un impacto en la pérdida de empleos.

La última ‘nacionalización’ de vehículos indocumentados se dio en 2011, cuando se aprobó la Ley N.° 133, que estableció por única vez un programa de saneamiento legal de vehículos. En 2014 (DS 2232), se restringió la antigüedad de los vehículos de importación, de un año para pequeños; tres, para medianos; y cinco, para camiones y tractocamiones.

Efecto adverso en la economía

A juzgar por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, este tipo de nacionalizaciones genera incentivos para seguir internando automóviles de manera ilegal y “pensar que se puede seguir realizando de manera indefinida, por una segunda, una tercera vez y así sucesivamente, no le hace bien a la economía”, manifestó, al detallar que entre junio y la segunda semana de este mes se incautaron 233 vehículos indocumentados que pretendían ingresar al país de forma ilegal por puntos fronterizos con Chile.

Para el especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, la cantidad de vehículos ‘chutos’ es igual al 10% del parque automotor nacional, por lo que el impacto sobre el consumo de gasolina será fuerte e incrementará los volúmenes a importar y la subvención. Además, a su criterio, será un pésimo ejemplo de eficiencia energética y un permiso para delinquir, pese a que en la anterior ley de nacionalización de ‘chutos’ (Ley N° 133), se decía que era por única vez.

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