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Tres años antes de su caída y 11 después de su llegada al poder Evo Morales dio inicio a su sueño más ambicioso como presidente: la industrialización del gas natural. Con la inauguración de la planta de urea y amoniaco, ocurrida en la primavera de 2017, el exjefe de Estado celebró a lo grande la gran promesa del proceso de cambio; que el país no sea solo un exportador de recursos naturales, sino que también sumar valor agregado a sus materias primas. Esta fábrica fue la punta de lanza de una serie de proyectos, que pese a la gran inversión que tuvieron no colmaron las expectativas.

Según un análisis realizado por la Fundación Milenio, en base a datos extraídos de la Agenda de Reactivación Hidrocarburífera de Bolivia, del Ministerio de Hidrocarburos, de octubre 2020, el costo de la nacionalización de los hidrocarburos fue de 2.078 millones de dólares.

La investigación, realizada por Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) y empresario del sector, sostiene que pese a la gran inversión; la industrialización del gas natural “no es precisamente una historia de éxitos”.

El documento sostiene que el afán de generar un valor agregado al gas natural generó que los proyectos tengan errores conceptuales, un mal dimensionamiento, fallas en la comercialización y una errada logística.

“La inversión de $us 2.078 millones realizada en la industrialización a todas luces no cumple con las expectativas bajo las cuales fueron realizadas. Las inversiones ya deberían estar con factores de utilización más altas, algo está fundamentalmente mal”, describe el documento.

 Proyectos

Entre los proyectos observados están la planta de urea y amoniaco en la que se invirtieron $us 957,5 millones. Enclavada en la localidad de Bulo Bulo, en la región de Chapare, el proyecto petroquímico siempre estuvo en el ojo de la polémica. Antes de la caída de Morales la industria paró en cinco oportunidades, arrojó pérdidas económicas y tuvo problemas medioambientales.

Tras la salida de Morales del poder la industria fue paralizada por el Gobierno de transición, que justificó la medida indicando que su operación generaba pérdidas.

En la actualidad, el complejo petroquímico se encuentra en fase de reactivación. Yacimientos tiene previsto invertir $us 53,14 millones en esta tarea; se espera que reanude sus operaciones este mes.

Otro proyecto que opera a media máquina es la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, Carlos Villegas. Con una inversión de $us 693,60 millones tiene una capacidad ociosa del 68%. La industria fue inaugurada en 2015, tiene capacidad para procesar 32,2 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) de gas.

Con este volumen puede producir 2.247 toneladas métricas día de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 3.144 toneladas métricas día de etano, además de 1.044 barriles de isopentano y 1.658 barriles diarios de gasolina natural. No obstante, su producción no llega a las proyecciones iniciales. Además, cuando fue inaugurada hace seis años, se tenía prevista que de forma anual genere hasta $us 500 millones por la exportación de GLP; pero la meta no se cumplió.

“Las inversiones ya deberían estar con factores de utilización más altas, algo está fundamentalmente mal”, señala el estudio.

Otro proyecto cuestionado es la planta de GNL Río Grande. Fue inaugurada en 2016, cuando entró en operación la estatal YPFB y se detalló que tiene la capacidad de procesar 12,8 millones de pies cúbicos día (MMpcd) de gas natural con los que puede producir 210 toneladas métricas día de GNL.

Pero el estudio de Milenio, basado en datos oficiales, señala que su capacidad ociosa es del 90%, pese a que la inversión fue de $us 213,80 millones.

No se escatimaronlas inversiones para la compra de equipos

A esta lista hay que sumar la planta separadora de líquidos de Río Grande. Su construcción no estuvo exenta de observaciones. Esta fue la primera iniciativa estatal para industrializar el gas.

El proyecto primero fue entregado a la empresa Catler-Uniservice, por $us 86,35 millones en 2008. Pero el acuerdo se anuló en 2009, tras comprobarse hechos de corrupción, que derivaron en la detención del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Finalmente, en 2010 Yacimientos adjudicó la obra a la firma argentina Astra Evangelista (AESA) por $us 159,46 millones. Luego el monto se elevó a $us 168,4 millones. Pero la inversión final llegó a $us 189,90 millones, según datos de la Fundación Milenio, en base a información oficial.

El proyecto también fue cuestionado después que se investigara a altos funcionarios acusados de recibir dinero por favorecer la contratación de AESA.

A pesar de esto, es el único proyecto que opera casi de forma plena, porque su capacidad ociosa llega solo al 10%.

“Esta realidad es un problema muy serio que puede constituirse en un pozo sin fondo para YPFB, es necesario darles una mirada pragmática a estos emprendimientos, y tomar las acciones correctivas”, señala el estudio.

El factor de las reservas

Sin la presencia de Morales en el poder la administración de Luis Arce Catacora se enfrenta al desafío de reactivar estas plantas. Al final, la inversión está hecha, y según expertos consultados por EL DEBER, el país necesita incrementar las reservas de gas natural para mantener en funcionamiento estos megaproyectos.

Pese a la gran inversión, la producción industrial es reducida

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que para que estas plantas operen por 20 o 30 años “es necesario materia prima; que por ahora solo cubre el mercado interno y las exportaciones”.

“Es necesario incrementar las reservas, debemos tener más gas para poder producir urea, GNL y todo lo que se fabrica en esas industrias”, dijo.

No obstante, según Ríos hay pocas “posibilidades reales para reactivar estas plantas” al 100%. “Lo que se tiene que hacer es ponerlas a producir con la cantidad de materia prima que existe a disposición. Hay que hacer ese esfuerzo porque la inversión está hecha”, señaló la exautoridad.

Hugo Del Granado, especialista del sector dijo que hasta 2019 la inversión en la industrialización llegó a $us 2.330 millones si se toman en cuenta las inversiones adicionales en proyectos como la planta de urea.

Para el especialista, el principal problema de estos proyectos es que usan gas subvencionado.

“Esto hace que estas industrias no cumplan con el objetivo central que el Gobierno se planteó que era generar valor agregado. Porque ese gas que entra podría ser exportado en cuatro o cinco veces al valor que se entrega a las plantas”, dijo el especialista.

Del Granado dijo que en la gestión 2018 la planta generó una pérdida de $us 56 millones.

Recordó que incluso, antes de la renuncia de Evo Morales, esta industria paró en cinco oportunidades lo que hizo perder la confianza de sus clientes pese a que exista una gran demanda de este insumo en la región.

Para el experto, es necesario hacer cambios en la Constitución y ampliar la producción de gas.

Para esta nota se envió un cuestionario a YPFB, pero hasta el cierre de edición no respondió.

No obstante, en varias oportunidades autoridades han defendido férreamente los proyectos de industrialización. Y más allá de la crítica, el Gobierno calificó como un hito la construcción de estas plantas.

En un comunicado del 1 de mayo, fecha que recuerda la nacionalización de los hidrocarburos, Yacimientos enumeró el aporte que hace el complejo industrial del gas. Entre esos avances, destacó los ingresos generados por la planta de urea, su proyecto estrella.

“Los ingresos generados por la comercialización de la urea entre 2017 y una pequeña parte a inicios de 2020 sobrepasaron los $us 178 millones”, reseña la estatal.

Estos ingresos se generaron por la venta del fertilizante a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú.

Mediante otro comunicado, la estatal anunció que la planta volverá a operar el 16 de junio. Sin embargo, el exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres señaló que actualmente no existe materia prima para reactivar plenamente la producción de esta planta y las que se crearon en el apogeo del proceso de cambio.

Empero, anteriormente Yacimientos informó que alista un plan agresivo para incrementar las reservas. Es un intento de reactivar proyectos.


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