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Por: Ximena Gutiérrez

Si bien el problema del contrabando tiene una larga data en el país, los expertos aseguran que este 2021 hubo un estallido de internación ilegal de toda clase de productos que ocasiona severos daños económicos, no solo a sectores ​productivos que en las últimas semanas salieron a denunciar el flagelo ​que viven, sino también a las arcas del Estado por la evasión de impuestos.

De acuerdo con estudios realizados por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el contrabando genera una pérdida económica que fluctúa entre los $us 1.000 y 1.800 millones. En términos de producción desplazada a partir del contrabando, se habla de un impacto global de entre el 5 y el 10% anual del Producto Interno Bruto (PIB), que repercute negativamente en las arcas fiscales con aproximadamente $us 350 a 400 millones.

Cambio en las normas​​    

Expertos coinciden en ​la urgencia de reorientar la normativa tributaria y fortalecer el ​control de los puntos fronterizos con mayor rigurosidad, para frenar ​este daño económico al país.

Ian Miranda, jefe de representaciones empresariales de Cainco, considera necesario reducir el Impuesto a las Transacciones (IT) a su mínima expresión para la cadena de alimentos y reformar la normativa tributaria hacia un entorno más amigable para el sector empresarial. Asimismo, asegura que se deben modificar las sanciones penales para que el contrabando sea considerado delictivo a partir de las 10.000 UFV de valor de tributo omitido, como era en 2003 con el Código Tributario boliviano.

Para este fin, considera necesaria la creación de un viceministerio de fortalecimiento del tributo y que se establezcan mecanismos de intervención sistemática y efectiva en procesos ilegales.

“Hay que hacer la vida imposible a los contrabandistas. Es necesario que los operativos, decomisos y destrucción de productos de contrabando no sea solo en fronteras, sino en los mercados tradicionales donde se exhiben flagrantemente”, aseveró Miranda, quien ve importante ampliar competencias en esta lucha a los gobiernos municipales, Senasag (alimentos) y Agemed (medicamentos), claves para el allanamiento, decomiso y destrucción de productos de contrabando.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, manifestó que esta actividad lucrativa ha ganado mas adeptos y ha rebasado los controles aduaneros, militares y policiales, por lo que sugiere replantear las políticas de lucha con dos acciones inmediatas: reforzar fronteras con el uso de tecnología y dispositivos de control, y proteger la industria nacional a través del incremento a los aranceles con los tributos aduaneros.

Reforzarán control

Frente a este problema, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, dijo que se está trabajando en nuevas estrategias con planes de contingencia e implementación de equipos, exclusivamente para frenar el contrabando de productos agrícolas que ingresan desde Perú y Argentina. Sin embargo, reconoció que la disponibilidad de medios de combate no satisface las necesidades que tienen las Fuerzas Armadas para el control.

Cree que ahora los contrabandistas no actúan solos, porque comunidades completas participan de emboscadas a militares en protección a este ilícito, dificultando el control. No descartó que más adelante se amplíe el número de efectivos en las fronteras, pero pidió también a la población sumarse a esta ‘pelea’ no comprando estos productos.

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