El levantamiento de restricciones a los activos virtuales en Bolivia generó $us 50 millones en tres meses. Sin embargo, la falta de regulación clara plantea tanto oportunidades como riesgos en su adopción.

8 de octubre de 2024, 9:10 AM
8 de octubre de 2024, 9:10 AM

El 25 de junio de este año el Estado boliviano autorizó las operaciones y el uso de activos virtuales en el país. Durante los primeros meses, los resultados se han disparado generando en tres meses operaciones por más de $us 50 millones. No obstante, si bien ya no existe una prohibición al uso de este tipo de herramientas, no hay marco regulatorio claro que permita ampliar la gama de ofertas de este tipo de bienes.

Pero no hay que confundir regulación con control, sostiene Fabián Espinoza, vicepresidente de la Academia Boliviana de Derecho Informativo. Para este especialista, si bien no debería existir una regulación exagerada se deben establecer parámetros claros para proteger a quienes quieran ingresar en este tipo de negocios.

Esto para evitar que las personas sean víctimas de engaños. “Regulación no lo mismo que control, un control excesivo es malo, pero sí se deben fijar reglas simples y claras”, dijo.

¿Qué son los activos virtuales?

 
Pero antes de seguir con esta nota es necesario entender que los activos virtuales (AV) son representaciones digitales de valor que se usan como medio de intercambio o inversión. No tienen una forma física y operan a través de internet, permitiendo a las personas comprar, vender o intercambiar sin necesidad de bancos.

Tienen un soporte, el blockchain o cadena de bloques que es la tecnología que hace posible el funcionamiento de estos activos; es decir, es un gran libro digital donde se registran las transacciones de manera segura y transparente. 

Cada vez que alguien hace una transacción, esta se añade como un “bloque” a la cadena. Una vez registrado, no se puede modificar, lo que garantiza la seguridad y confianza en el sistema.

Regulación no es control 

En este contexto, Espinoza sostiene que en el escenario normativo hay un “desierto” y que la falta de reglas claras presenta tanto oportunidades como riesgos.

Explica que, si bien la regulación excesiva puede ser vista como negativa, es fundamental establecer normas mínimas que garanticen la seguridad jurídica en las transacciones.

La ausencia de estas podría incrementar el riesgo país, ya que organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) exigen estándares para evitar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Si Bolivia no cumple con estas recomendaciones, podría sufrir sanciones en el ámbito financiero internacional.

Uno de los aspectos más preocupantes para Espinoza es que, a pesar del levantamiento de las restricciones, las estadísticas publicadas por el Banco Central sobre el uso de activos virtuales carecen de fuentes verificables. 

Según él, algunos informes del BCB citan a Binance, una plataforma global de criptomonedas, pero que no proporciona información específica sobre Bolivia.

También resalta que, a pesar del interés creciente en los activos virtuales, su adopción en el ámbito empresarial es limitada debido a la falta de seguridad jurídica.

En cambio, para los emprendedores que buscan alternativas frente a la escasez de divisas, Espinoza sugiere que los criptoactivos pueden ser una opción válida, pero solo si se cuenta con la educación adecuada.

Y advierte que el desconocimiento sobre el uso de estas tecnologías sigue siendo un obstáculo importante en Bolivia, donde el acceso a internet y la brecha digital continúan limitando la adopción masiva de estas herramientas.

El especialista Jaime Dunn, sostuvo que la apertura del país es clave para fomentar la adopción de criptomonedas, que es impulsada en gran medida por la escasez de dólares en el país.


En la actualidad, según el experto, la demanda por criptoactivos en Bolivia ha pasado de aproximadamente un millón de dólares al mes a cifras que alcanzan los 10 o 11 millones.

Plataformas como Binance y Coinbase son las más usadas por bolivianos, que operan en mercados P2P y se inclinan por ‘stablecoins’, monedas digitales que mantienen un valor estable al estar vinculadas al dólar.

Estas criptomonedas son vistas como un refugio seguro y una forma de realizar transacciones sin depender de la moneda estadounidense tradicional.

Advierte que hay limitaciones en las operaciones con criptoactivos en Bolivia, especialmente para empresas e importadores. Los montos permitidos en los mercados P2P suelen ser pequeños, lo que dificulta que actores importantes puedan utilizar estos mecanismos de manera eficiente.
“El futuro está en el mundo cripto”, afirmó.


Alison Berbetty, especialista en activos virtuales, dijo que pesar del aumento en la adopción de estas herramientas, todavía hay barreras significativas, debido a la falta de regulación y el escepticismo de algunas entidades financieras. Afirmó que uno de los problemas más recurrentes es el desconocimiento general sobre cómo tratar estos activos. 

“A pesar de que los criptoactivos no están prohibidos, los bancos muestran reticencia debido a los riesgos percibidos, como la posibilidad de estafas y la falta de un marco normativo que regule estas transacciones”, señaló.

Agrega que la ausencia de regulación específica impide que las empresas realicen operaciones con grandes montos, limitando el uso de criptoactivos principalmente a transacciones entre particulares y pequeñas cantidades, de hasta unos $us 5.000.

Sostiene que la solución no pasa por crear una nueva entidad reguladora, sino por adaptar la normativa ya existente en el país, como se hace con el dólar, que tampoco es una moneda de curso legal en Bolivia, pero es ampliamente utilizado.

Datos del Banco Central

Desde el Banco Central de Bolivia (BCB) informaron que tras el levantamiento de las restricciones al uso de criptoactivos en Bolivia, las operaciones con activos virtuales (AV) pasaron de un promedio mensual que pasó de 155.000 operaciones entre enero y junio de 2024, a 374.000 en los últimos tres meses del año.

 Asimismo, los montos transaccionados experimentaron un fuerte aumento, acumulando 45,6 millones de dólares en el primer semestre, y alcanzando los $us 50,9 millones en solo tres meses.

La entidad agregó que mediante la Resolución de Directorio del BCB N° 082/2024, emitida en junio de este año, se habilitó el uso de Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP) para la compra y venta de cualquier tipo de AV.

“Esta flexibilización busca fortalecer el sistema de pagos nacionales, permitiendo a la población acceder a diversos tipos de criptoactivos sin restricciones específicas sobre su naturaleza”, indicaron desde el BCB.

El Banco Central hizo notar que la comercialización con AV se realiza bajo el riesgo de los usuarios. Por ello, recomienda a los ciudadanos informarse adecuadamente antes de invertir en este tipo de activos, y tener en cuenta que el boliviano es la única moneda de curso legal en el país, según lo establecido en la Ley N°901 de 1986.

“Los criptoactivos, por lo tanto, no son reconocidos como dinero de curso legal, ni son equivalentes al efectivo. Además, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) mantiene un control estricto sobre estas operaciones para prevenir el lavado de activos, cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)”, explicaron desde la entidad.

El BCB reveló que está explorando experiencias internacionales en la región y más allá, a fin de desarrollar políticas coherentes sobre criptoactivos.
 El Banco Central indicó también que la creación de una criptomoneda estatal se encuentra bajo análisis, y todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
“El estudio técnico y legal continúa, en busca de una solución que pueda integrarse al sistema financiero boliviano”, dijo.