El senador Óscar Ortiz (UD) dice que llevará el caso ante el Ministerio Público y la Contraloría por existir indicios de posibles delitos en YPFB

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15 de marzo de 2017, 4:00 AM
15 de marzo de 2017, 4:00 AM

Durante el proceso de licitación, surgieron denuncias en torno a la transparencia del caso, según el experto en hidrocarburos, Hugo Del Granado, quien siguió de cerca el procedimiento.

“La propuesta de Drillmec fue la tercera más cara de las propuestas que se presentaron en la convocatoria y que fue abierta el 10 de octubre de 2016. Se presentaron siete empresas. La propuesta de Drillmec fue $us 28 millones más cara que la oferta más barata”, informó Del Granado.

Luego de esa situación y al ver los resultados de la licitación, habría provocado la protesta de las otras empresas que participaron, particularmente de una de origen chino que envió una carta de reclamo a la embajada china, al Gobierno boliviano y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que puedan manifestarse.
“Había visos de un escándalo porque las otras empresas reclamaban haber cumplido con todas las exigencias del pliego de condiciones y que habían sido eliminadas sin mayor trámite”, recordó.

Paralización y daños
Las denuncias públicas lograron la paralización de la compra de los taladros, por parte de la estatal YPFB. 
En enero, el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, suspendió el contrato, aunque el ejecutivo de Drillmec, Simone Trevisani, rechazó en febrero la posible cancelación o reducción del contrato porque aseguró que ya desembolsó $us 80 millones en los trámites para el proceso de fabricación de compra para proveer los tres taladros, una vez que en diciembre se firmara el contrato y se le diera la orden de proceder.

Investigación de denuncias
Entretanto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, quien en diciembre denunció públicamente las posibles irregularidades en el proceso, señaló que con el informe del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, se confirman sus sospechas y anunció que acudirá al Ministerio
Público y la Contraloría General del Estado para que investiguen los presuntos delitos cometidos.

“Aunque no se haya pagado ningún centavo, por la paralización del proceso de contratación, ante la denuncia efectuada, ya el intento de haber adjudicado irregularmente constituye materia de proceso. Quizás no haya daño económico al Estado, pero hay otros posibles delitos que deben ser investigados tanto por la Contraloría como por el Ministerio Público”, manifestó.

Ortiz dijo que espera que con el informe de Novillo se pueda llegar al fondo del caso para identificar a los responsables y no se culpe solo a la comisión de adjudicación 

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