El representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz calificó el fallo de nefasto para la justicia boliviana y alertó de la ‘peligrosidad’ de Camacho. Diputada ve que el Gobierno recurre a la prebenda política para beneficiar a implicado

23 de junio de 2022, 4:00 AM
23 de junio de 2022, 4:00 AM


El juez de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, concedió arresto domiciliario, sin escolta policial, a Paulino Camacho Vedia, implicado en el secuestro y tortura a periodistas, policías y trabajadores agrícolas en el predio Las Londras. El sindicado fue reconocido por las víctimas como el más ‘violento y peligroso’ del hecho registrado el 28 de octubre de 2021.

Camacho estaba recluido en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom), ubicado en la ruta Okinawa, en el norte de Santa Cruz. Es procesado por la Fiscalía, junto a Evert Sixto Canaza, otro acusado en el caso Las Londras, por los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado, amenazas, privación de libertad y portación de armas de fuego.

Este mes, los detenidos y las víctimas participaron de una inspección y reconstrucción de los hechos, a instancia del Ministerio Público. Durante esta acción, Camacho y Canaza admitieron su participación en el hecho violento registrado el 28 de octubre de 2021. El primero expresó que ese día salieron del monte junto a sus compañeros, todos estaban armados, pero dijo que su intención no fue matar a ninguna persona.

La semana pasada se conoció que los dos procesados buscaban un juicio abreviado, en el que se declararían culpables a cambio de acceder a una pena que les permita salir de prisión.

Hasta el momento está pendiente que se hagan efectivos los mandamientos de apremio contra los involucrados en las investigaciones del caso, identificados como Nicolás Ramírez Taboada, Nelson Escalante Rivadeneira y Martín Tejerina Villalobos. Tienen apremio emitido de manera formal, pero la Policía no los detiene, a casi ocho meses del suceso.

Ciudadano peligroso

Después de conocerse el fallo del juez, la defensa de las víctimas de Las Londras, representada por Raquel Guerrero, y el representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, informaron que plantearán una apelación a la decisión del juez y que mañana (por hoy) visitarán al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Edil Robles, para formalizarle que pedirán una auditoría jurídica del caso Las Londras y que evalúan pedir el cambio del juez porque se trata de una actuación manifiestamente contraria a la ley, como señala el artículo 173 del Código Penal, que se constituye en un delito de prevaricato
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Méndez hizo notar que se trata de un fallo que puede ser apelado y revocado en el Tribunal Departamental de Justicia. “Vamos a pedir que lo más pronto posible manden el acta de esta audiencia para ver en qué sala radica para prepararnos y presentar todos los argumentos que hay en contra de Camacho, identificado plenamente por las víctimas del hecho violento del 28 de octubre de 2021, como la persona que apuntó con arma de fuego a los periodistas y destruyó la cámara de uno de ellos. 

Fue también el que el 24 de noviembre en la detención de Canaza escapó enmanillado e intentó atropellar a la comisión de fiscales y, posteriormente, organizó una movilización para tratar de liberar a Canaza. En ese intento, organizó la toma del edificio policial y mantuvo de rehén al comandante de la Policía de San Julián”, expresó, al definir a Camacho como un ciudadano de alta peligrosidad y calificar el fallo de nefasto para la justicia boliviana. 

Entretanto, las víctimas del hecho violento registrado el 28 de octubre de 2021 en Las Londras, expresaron que el fallo que otorga libertad a Camacho los deja en un estado de indefensión. “Teníamos la esperanza de que las autoridades judiciales actuarían con rectitud, haciendo prevalecer los derechos constitucionales delas víctimas”, expresó uno de ellos. 

Prebenda política

Con referencia al caso Las Londras, en un video la diputada de Creemos, María René Álvarez, juzga que el Gobierno nuevamente recurrió a la prebenda política para beneficiar a Camacho que, a su criterio, es uno de los más peligrosos ‘avasalladores’ de tierra en la Chiquitania e involucrado en delitos de secuestro, de torturas y vejaciones, tanto a civiles, periodistas y policías.
El beneficio a Camacho, según dijo, deja entrever que el sistema judicial continúa actuando en función de los intereses del MAS.