Escucha esta nota aquí

El Gobierno boliviano liberó las exportaciones agrícolas luego de 12 años. Ayer, la presidenta Jeanine Áñez presentó el decreto que anula una serie de medidas que dificultaban el comercio exterior. Si bien todos los productos relacionados con el agro podrán ser exportados, la jefa de Estado señaló que no permitirán el incremento injustificado de precios en el mercado interno.

Esta medida forma parte de una de las principales promesas que hizo el Gobierno de transición, que tras asumir funciones dijo que liberaría la economía. Desde la gestión 2008, la administración del entonces presidente Evo Morales implementó restricciones a las exportaciones agrícolas, en especial la de soya y sus derivados.

Como parte de este control se estableció una banda de precios para productos oleaginosos como la torta y harina de soya. Incluso se obligó a los exportadores a tramitar un certificado de abastecimiento, para dejar constancia de que cubrían la demanda interna.

Esas trabas quedaron atrás con el actual decreto. Pero establecer los lineamientos de esta norma no fue fácil. A comienzos de mes los diferentes sectores se reunieron en Santa Cruz para definir la forma en que se llevaría a cabo la medida. De este encuentro se desmarcó una parte del sector avícola, que insiste en mantener las restricciones y controles.

Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Mauricio Ordóñez, señaló que el decreto fue consensuado con todos los sectores productivos.

“Había una camisa de fuerza”

Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), señaló que durante más de una década el anterior Gobierno puso una camisa de fuerza al sector exportador.

“Nos pusieron una camisa de fuerza que hoy vamos a romper”, dijo.

El titular de la Cadex señaló que con la norma el sector podrá despegar como lo hicieron países vecinos como Paraguay y Argentina.

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, indicó que con la medida se liberan las exportaciones de grano de soya y sus derivados (torta y harina), arroz, maíz, ganado en pie y “todo lo que podamos producir”.

En este contexto, aseguró que la liberación estará enmarcada en una fiscalización y transparentación de los volúmenes y precios que se mueven en el mercado. Precisó que los primeros resultados se notarán durante la campaña de invierno.

En esa misma línea, la presidenta, Áñez sostuvo que el decreto también estableció mecanismos de seguimiento y monitoreo para evitar alteraciones de precios.

La jefa de Estado afirmó que se harán acciones correctivas “en caso de verificarse el riesgo de escasez del mercado interno o alteración de precio de manera injustificada.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el gerente general, Jaime Hernández, indicó que el decreto es un componente que facilitará las exportaciones garantizando el acceso a los mercados externos, dejando sin efecto las trabas burocráticas (certificado de abastecimiento interno a precio justo) que perjudicaba y distorsionaba los procesos normales de comercio exterior, además que generaba incertidumbre a los productores.

No obstante, Hernández cree que el decreto debe ser acompañado con el acceso a biotecnología, para mejorar la productividad en el campo y facilitar la compra de urea a un precio justo.

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, señaló que la medida es un incentivo y un desafío para la producción “Hecho en Bolivia”.

“Las exportaciones industriales manufactureras representan el 40% del total del comercio exterior de Bolivia ($us 2.864 millones a noviembre de 2019) que están concentradas en un número reducido de productos. El desafío es diversificar las exportaciones y agregar valor”, afirmó el empresario.