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Extranjeros y bolivianos que tengan más de Bs 30 millones fuera del país tendrán que pagar el impuesto a las grandes fortunas. El proyecto de ley se tratará desde hoy en la Asamblea Legislativa y la oposición amenaza con no permitir que llegue a los dos tercios.

Analistas y la oposición coincidieron en que el proyecto de ley afectará a la seguridad jurídica de los inversores extranjeros, y que podría ser instrumento de persecución y de blanqueado de dinero, por lo que impedirán que se apruebe por dos tercios.

Esta tarde, la Cámara de Diputados iniciará su tratamiento. Al menos 150 personas, que tienen más de Bs 30 millones, bolivianos residentes o no, y extranjeros que viven en Bolivia por más de 183 días en un año, deberán pagar el impuesto a las fortunas valuadas en dinero, bienes, activos o derechos de personas naturales.

La norma establece que en caso de los matrimonios con bienes superiores a los Bs 30 millones bajo el régimen de mancomunidad, se tomarán en cuenta los de él, los de ella y los que adquirieron como pareja.

Según el proyecto de ley al que tuvo acceso este medio, será pagado por las personas que acumulen una fortuna neta mayor a los Bs 30 millones o su equivalente en moneda extranjera, al 31 de diciembre de cada año. Serán las personas naturales residentes en Bolivia, con fortuna situada en territorio nacional o en el exterior, como las no residentes que las tienen en el país.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, adelantó que alcanzaría a unas 150 personas. El artículo 4 de la norma establece que son residentes las personas nacionales o extranjeras que permanezcan en Bolivia por más de 183 días en forma continua o discontinua, en un periodo de 12 meses. Quedan excluidas del impuesto las empresas unipersonales, empresas públicas, sociedades comerciales, cooperativas, sociedades anónimas mixtas, y cualquier persona jurídica.

El abogado especialista en derecho tributario, Rigoberto Paredes, subrayó que esto puede afectar a un empresario extranjero que quiera invertir en Bolivia. “Si pasa de la frontera de los 183 días, la ley no se establece aún si la base imponible incluirá solo la fortuna que tiene en Bolivia o la totalidad del dinero que tenga incluso fuera. Podría tener Bs 500.000 en el país y $us 100 millones fuera. ¿Pagará igual? Eso se debe aclarar”.

En la misma línea, el diputado de Creemos Erwin Bazán coincidió con el abogado en que este impuesto puede hacer que los inversores se escapen. “Estamos mal en términos de inversión extranjera con las capitalizaciones, ahora este impuesto se suma a esa lista”, porque ahuyentarán que inversores extranjeros se animen a venir a vivir en el país.

Desde Comunidad Ciudadana se evitaron comentarios, porque durante la tarde y la noche de ayer la bancada estuvo reunida y hoy darán su punto de vista en el pleno. Sin embargo, fuentes de la agrupación de Carlos Mesa señalaron que no aprobarán la norma y no viabilizarán los dos tercios.

La base imponible del impuesto está constituido por el valor neto de la fortuna, que se calcula de la sumatoria de recursos que tienen personas naturales: bienes inmuebles, muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material e inmaterial con valor económico de los cuales sea titular o esté en posesión de ellos. La norma establece que hay deducciones previstas en la ley y su reglamento.

En los matrimonios bajo el régimen de mancomunidad de bienes o bienes gananciales, la base imponible del impuesto para cada cónyuge está constituida por el valor total de la fortuna personal y el 50% del valor de la fortuna acumulada durante el matrimonio.

Se deducirán los saldos de capital pendientes de pago por préstamos obtenidos en entidades financieras reguladas por la ASFI, y no se computarán los bienes que forman parte del menaje doméstico. De todas formas, un decreto supremo reglamentario valuará los bienes materiales e inmateriales.

Las personas que tengan una fortuna entre Bs 30.000.001 y 40 millones pagarán Bs 150.000. Los que tengan de Bs 40.000.001 a 50 millones, pagarán Bs 350.000. Los que tengan de Bs 50.000.001 en adelante, será un impuesto de Bs 600.000. Los impuestos aplicables a la propiedad de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, como el de las utilidades a las empresas aplicable a profesionales liberales y oficios en forma independiente, serán tomados como pago a cuenta de este nuevo impuesto.

La norma establece que los actos de transferencia de propiedad simulados o aparentes en perjuicio del fisco no tendrán efecto legal en la determinación de la base imponible. Los que no cumplan serán sancionados con una multa equivalente al 200% del tributo omitido y en ejecución tributaria perderán el carácter reservado de la información, con lo que la administración tributaria podrá requerir el pago a través de una publicación efectuada en cualquier medio de comunicación.

El abogado Rigoberto Paredes presentó otras dos observaciones. Primero, esta ley puede constituirse en un instrumento idóneo para realizar persecución de familias acomodadas que no comulguen con la política del actual gobierno.

Por otra parte, “el proyecto de ley al no contener una normativa que armonice de manera expresa con la normativa en contra del lavado de dinero, podría convertirse en un instrumento utilizado por personas inescrupulosas para blanquear su dinero, es decir, legitimar sus recursos”.

Erwin Bazán manifestó que Creemos no aprobará esta norma porque, definitivamente, no impulsa la reactivación económica. “¿Dónde está ese plan?, no es posible que ya va un mes, y para él la gran solución sea este impuesto, qué desubicación”, aseguró.

Denunció que esta es la receta socialista, y “es una forma de perseguir las grandes fortunas, además de castigar a los que más tienen y pretender igualar para abajo, generar pobreza en vez de riqueza”, manifestó.

Consideró que el análisis de Rigoberto Paredes es coherente en relación al blanqueado de dinero, porque esta ley no cuestiona de dónde vienen los recursos, solamente norma el impuesto, así que podría ser un elemento utilizado por narcotraficantes para legalizar sus recursos.

Por ello, planteó que debería generarse un impuesto a la coca. “Si queremos ampliar la base de contribuyentes, empecemos con reducción del gasto público, y este gravamen, ampliemos el universo de contribuyentes, pero no con medidas socialistas”.

La diputada Samanta Nogales, de Comunidad Ciudadana, manifestó que las dudas que tiene la agrupación, en forma general, radican en cómo se sacan los datos de las personas que tienen esta fortuna.

Se rompe el derecho del secreto bancario, e ingresa a datos que son privados y que, efectivamente, consideramos que podrían favorecer a la persecución. Es un tema muy delicado”, declaró. La diputada reiteró que la posición oficial, si se aprueba o no esta ley, será conocida hoy en el pleno de Diputados, cuando se inicie la sesión, programada para las 14:30.

Aseguró que la recaudación no superará los $us14 millones. “Esto es ideológico político, y de poder, no engañemos”. Criticó que la ley no regula dónde irá el dinero, “dice que irá al Tesoro, ni siquiera a la salud o a algo específico”, manifestó.

El empresario y político Samuel Doria Medina señaló que este impuesto ha hecho que la gente saque dinero de los bancos y disminuya el ya bajo nivel de las reservas internacionales.
“Yo no tengo nada en contra de las políticas de redistribución de riqueza; no soy neoliberal y como empresario siempre he procurado compartir lo que lograba tener. Pero estas políticas deben ser cuidadosamente pensadas para que no causen daño a la economía”.

Dijo que Bolivia atraviesa una crisis productiva y hay que evitar el más mínimo desliz que convierta esta crisis en una de orden financiero. El gobierno “está arriesgando demasiado en este campo, no solo con este impuesto sino con el tratamiento que está dando al diferimiento del repago de los créditos. Debilitar a los bancos es cortar una fuente importante de ingresos tributarios y golpear un mecanismo básico para mantener los capitales en Bolivia, evitando que fuguen al extranjero”.

Acotó que espera que Arce y Montenegro no cometan errores como los que cometió la UDP apenas asumió el poder en 1982. Entonces se “desdolarizó” y se mandó al país a la ruina.

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