La controversia por la Ley 157 de reconversión de tierras escaló con el avance de una marcha indígena y campesina desde la Amazonía hacia La Paz, en rechazo a una norma que el Gobierno defiende como clave para facilitar el acceso al crédito productivo, pero que sectores movilizados consideran un riesgo para la seguridad de la tierra y los territorios comunitarios.
La movilización partió el pasado miércoles desde la localidad de Porvenir y, según sus dirigentes, representa un hecho histórico para la región. Se trata de la segunda marcha de estas características en el departamento de Pando, después de la realizada en 1988 bajo la consigna “Tierra y Territorio”, lo que —según los líderes— refleja la magnitud de la preocupación actual en torno a la normativa agraria.
En el trayecto, la marcha ha ido sumando respaldo social y político. Organizaciones campesinas e indígenas de distintas regiones comenzaron a pronunciarse en apoyo, mientras que en el occidente del país también se activaron señales de adhesión. En un cabildo realizado en la ciudad de El Alto, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció que se sumará a la movilización cuando esta llegue a la sede de gobierno, en una señal de articulación entre sectores del oriente y el altiplano.
A este respaldo se suma la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), que mediante una resolución de emergencia expresó su apoyo a la marcha e incluso dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la misma en los próximos días.
La protesta tiene como eje el rechazo a la Ley 157, promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Santa Cruz. La norma busca facilitar el acceso a financiamiento para pequeños productores, autorizando al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a recategorizar predios de pequeña a mediana propiedad.
Este cambio no es menor. Al pasar a la categoría de mediana propiedad, las tierras pueden ser utilizadas como garantía para acceder a créditos, además de habilitar su comercialización e incluso su embargo en caso de incumplimiento financiero. Para el Gobierno, este mecanismo permitiría dinamizar la producción agropecuaria y destrabar una demanda histórica de los productores que no podían acceder a financiamiento formal.
Sin embargo, desde las organizaciones movilizadas surgen fuertes cuestionamientos. Dirigentes de la Federación de Campesinos de Pando consideran que la norma atenta contra el régimen agrario vigente y advierten que podría debilitar la protección de territorios indígenas y campesinos. También alertan sobre el riesgo de afectar a comunidades que aún tienen solicitudes pendientes de acceso a tierras, en un contexto donde la distribución agraria sigue siendo un tema sensible.
Las críticas no se limitan al norte amazónico. El asambleísta Sergio Laserna informó que sectores campesinos de Cochabamba se declararon en estado de emergencia y cuestionó la norma.
Según esa postura, la posibilidad de que las tierras sean sujetas a embargo por entidades financieras representa un retroceso en materia de reforma agraria y abre la puerta a un proceso de reconcentración de la tierra. Incluso se mencionó que se evalúa la presentación de recursos de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de la norma.
Dirigentes nacionales campesinos también se sumaron a las críticas. Víctor Hugo Roca, ejecutivo de la organización campesina, sostuvo que la demanda principal del sector es la abrogación de la Ley 157 y cuestionó a los legisladores por haber aprobado una normativa que, a su juicio, no beneficia a las comunidades rurales. Asimismo, denunció un supuesto abandono de las regiones amazónicas por parte de sus representantes parlamentarios.
La defensa del Gobierno
Frente al creciente rechazo, el Gobierno salió a defender la norma y a precisar su alcance. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aseguró que la Ley 157 no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y atribuyó la movilización a un proceso de desinformación.
La autoridad explicó que la norma autoriza la recategorización de propiedades individuales tituladas, pero no alcanza a tierras colectivas ni territorios indígenas reconocidos, descartando así uno de los principales temores expresados por los sectores movilizados.
Justiniano también detalló que la ley tuvo su origen en el Senado y posteriormente fue revisada en la Cámara de Diputados, donde —según indicó— se evaluó su constitucionalidad antes de su aprobación final en la Asamblea Legislativa.
Además, subrayó que la normativa responde a una demanda de más de 15 años de pequeños productores agrícolas, ganaderos y agropecuarios, quienes enfrentaban limitaciones estructurales para acceder a crédito debido a la naturaleza jurídica de sus tierras. Esta restricción, sostuvo, afectaba directamente los niveles de producción y la posibilidad de invertir en tecnología o mejorar rendimientos.
En esa línea, remarcó que durante la campaña electoral esta problemática fue planteada a todos los candidatos, por lo que su aprobación y posterior promulgación por el presidente Rodrigo Paz no constituye una medida improvisada, sino una respuesta a una demanda sostenida del sector productivo.
Un conflicto en desarrollo
El avance de la marcha y la progresiva adhesión de organizaciones de distintas regiones evidencian que la Ley 157 ha abierto un nuevo frente de tensión en el país, en el que se cruzan visiones sobre desarrollo productivo, acceso al crédito y seguridad jurídica sobre la tierra.
Mientras el Gobierno insiste en que la norma permitirá dinamizar la economía rural y ampliar las oportunidades para pequeños productores, los sectores movilizados advierten sobre posibles efectos estructurales en la tenencia de la tierra y exigen su anulación.
Con la marcha en camino hacia La Paz y el anuncio de nuevas adhesiones, el conflicto se perfila como uno de los principales focos de debate político y social en torno al modelo agrario y productivo en Bolivia.