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Se acerca fin de año y con ello el tradicional pago del aguinaldo a los trabajadores del país; sin embargo, esta gestión presenta algunas particularidades que ponen en alerta a los empresarios, quienes tienen puesta su mirada en la columna de ingresos, que está en rojo, en la mayoría de los casos.

Por ello, desde los micro hasta los grandes empresarios, consideran la necesidad de plantear al Gobierno una modificación extraordinaria de las reglas de juego, a fin de poder pagar el beneficio, sin que esto provoque el cierre de más compañías e incida en un aumento de la tasa de desocupación que, a octubre, se ubicó en un 8,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las modificaciones que plantean van desde la otorgación de un mayor plazo o diferimiento para el pago del aguinaldo hasta la creación de una línea de crédito.

Es la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Conamype), por medio de Juan Carlos Vargas, que es secretario de relaciones, se plantea que el pago del aguinaldo se debe extender hasta el primer semestre de 2021 y que el mismo pueda ser abonado en cuotas.

Vargas reconoce que este beneficio es un derecho ganado por los trabajadores y es una obligación honrar la norma, pero considera que debido a la situación crítica de las micro y pequeñas empresas, la misma no puede ser cumplida en los términos habituales.

“El pago del aguinaldo genera incertidumbre sobre la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas puedan seguir desempeñando sus tareas. Por eso pedimos al Gobierno que amplíe hasta junio de 2021 el pago de este beneficio social”, planteó Vargas.

En la misma línea, Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), apunta a la fecha de pago del aguinaldo, que de acuerdo con la ley vigente debe ser efectivo hasta el 20 de diciembre, y señala que debido a la recesión que genera la pandemia del Covid-19 considera que debe existir un diferimiento en el pago del beneficio.

Blazicevic hizo notar que la industria registra un decrecimiento del 12% (a junio de 2020), mientras que el INE a septiembre la ubica en un -11,92%.

Para el industrial, cumplir con el pago del aguinaldo bajo las actuales condiciones conducirá a un mayor riesgo de insolvencia en las empresas, puesto que la iliquidez es creciente ante el descenso en las ventas en el contexto de la pandemia.

“Para evitar el deterioro del aparato productivo se debe aplicar medidas de diferimiento de pagos, créditos y garantías estatales, incentivo del Hecho en Bolivia, pago de deudas estatales, entre otros”, sostuvo Blazicevic.

Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), resaltó que lo que está en discusión no es el derecho a cobrar el aguinaldo, sino que cumplir con su pago, como siempre se hizo, es materialmente imposible.

Justiniano dijo que cualquier cobro o exigencia social o financiera que no considere la realidad económica de las empresas, producirá que muchas cierren.

“Se debe encontrar un esquema que permita pagar en condiciones de tiempo distintas. O bien, que el Gobierno ofrezca un producto financiero especial”, planteó Justiniano.

Sobre el tema, Waldo López, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, fue tajante al indicar que exigir a las empresas que cumplan con el pago del aguinaldo en las actuales condiciones económicas es desconocer la realidad que atraviesa el país.

López puntualizó que aplazar el pago del beneficio social no tiene sentido y que lo más sensato es que el Gobierno ofrezca una línea de crédito para que las empresas con problemas para cumplir con la ley puedan acceder a estos recursos y que tengan la posibilidad de devolverlos en un plazo acorde con la actual situación.

Línea de créditos

En este punto, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se maneja la necesidad de crear una línea de crédito de unos $us 400 millones para poder hacer frente al pago del aguinaldo y que su posterior devolución sea flexible.

Similar criterio tuvo Blazicevic que remarcó que los industriales no están pidiendo no pagar, sino que se les ayude a cumplir con esta obligación y que una de las ayudas es justamente la creación de un Fondo de Garantía de $us 400 millones para que las empresas accedan a créditos a través del sistema financiero para el pago del beneficio.

Al respecto, el economista Jaime Dunn, subrayó que por ley el pago del aguinaldo es obligatorio, por lo que es imposible que no se pague, pero hizo notar que dado el actual contexto, es importante que el Estado colabore con liquidez a las empresas para que el pago pueda realizarse sin poner en riesgo a las mismas.

Dunn precisó que seguramente para muchas firmas el pago del aguinaldo, en vez de generar un beneficio a los trabajadores, en el corto plazo, se convertirá en un perjuicio a los mismos por tener que cesar sus operaciones.

“Esa es la suma cero entre empresa y empleados que se produce por tener una ley laboral que no promueve la generación y la conservación del empleo causando que el sector informal sea el mayor generador de empleo de Bolivia”, observó Dunn.

Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), indicó que este fue un año muy difícil, donde distintos sectores productivos fueron afectados por la pandemia y hay otros que lentamente se están recuperando, por lo que entiende que para el pago del aguinaldo debe haber una flexibilización, a fin de cuidar el empleo, por parte del Gobierno, como así también la posibilidad de acceder a un crédito para pagar el beneficio social y cumplir con la ley.

Cristóbal Roda, presidente del Grupo Industrial Roda, precisó que nadie tuvo en cuenta que las empresas iban a estar cerradas por más de 120 días, tiempo en que se siguió pagando los salarios y que, si bien el apoyo en los diferimientos fue muy importante, es una realidad que los empresarios enfrentan graves problemas para cumplir con los beneficios sociales, en especial con el pago del aguinaldo.

“Considero que el Gobierno se va a sensibilizar y con seguridad buscará alguna alternativa porque hoy nuestra principal preocupación es la creación de nuevos puestos de trabajo”, dijo Roda.

Deben ser honestos

Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), aclaró que el aguinaldo se ampara en una ley que tiene una antigüedad de 70 años y que dicho recurso está destinado a las familias bolivianas que esperan contar con ese dinero, no para hacerse millonarias, sino para tener una Navidad digna.

Paniagua rechazó que a semanas del pago del beneficio social, algunos empresarios digan que no van a poder cumplir cuando se trata de un recurso que se debe previsionar cada mes y no esperar a diciembre. “Si no saben administrar sus empresas que se dediquen a otra cosa. No es justo que, el activo más importante de una empresa, tenga que agachar la cabeza y no cobrar su aguinaldo. Sucede que algunos empresarios son ávaros y no son lo suficientemente honestos para reconocerlo. Nosotros no vamos a dejar de cobrar lo que por ley nos corresponde”, remarcó Paniagua.

Germán Molina, analista económico, señaló que se debe cumplir las disposiciones legales vigentes que señalan el pago del 100% del aguinaldo. Molina considera que la economía boliviana requiere que las personas reciban dinero para realizar sus compras de fin de año, las empresas vendan sus productos y el Gobierno recaude los impuestos.

Al conocer los argumentos del sector privado, el analista se pregunta ¿de dónde saldrá el dinero para pagar el aguinaldo? Y se contesta que es el sistema financiero el que debe destinar de su cartera un préstamo a las empresas que lo requieran a una tasa de interés moderada y a corto plazo.


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