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Las cartas ya están lanzadas. Y más allá de cualquier tipo de reclamo, las entidades financieras deberán ajustarse en lo que en la práctica es un nuevo diferimiento de los créditos. El mayor efecto se sentirá en la colocación de nuevos préstamos y en la liquidez, informaron desde la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin).

Durante los primeros días de 2021, el Gobierno enfrentó un bloqueo de caminos convocado por el sector del transporte que exigía la ampliación del diferimiento de los créditos.

El año pasado, debido a la emergencia sanitaria, se postergaron el pago de los préstamos. Pero los mismos tenían que reanudarse desde enero. No obstante, pocos sectores lograron recuperarse y exigieron ampliar este beneficio por un semestre más.

La respuesta a esta demanda fue un acuerdo que otorga un periodo de gracia de seis meses para aquellos prestatarios que se acogieron al diferimiento y no pueden retomar sus pagos.

Este nuevo beneficio establece que aquellas personas que se acojan al periodo de gracia no realizarán pagos de intereses adicionales a los pactados. También conmina a las financieras a no realizar ningún tipo de cobro.

Efectos

Analistas consultados por EL DEBER coincidieron en que esta medida pone en riesgo al sistema financiero, porque dificultará el acceso futuro de créditos y sobre todo reduce la liquidez.

El economista German Molina dijo que con la nueva medida existen perdedores y ganadores.

Del lado de los ganadores se ubican sectores, como el transporte y prestatarios que recién volverán a pagar sus créditos en junio de este año.

Pero en la otra cara de la moneda, según Molina, están las entidades financieras y los ahorristas que “tienen cuenta corriente, cajas de ahorro y Depósitos a Plazo Fijo (DPFs). Además, de los emprendedores que no podrán acceder a nuevos préstamos”.

“En síntesis, esta medida es peligrosa. Se está poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero porque se rompe el sistema de pago”, señaló.

El analista explicó que los bancos no prestan su dinero, sino que actúan como entidades de intermediación: entre los ahorristas y los sectores que demandan recursos.

“Las financieras lo que hacen es captar recursos de la población en Cajas de Ahorro, cuenta corriente y DPFs, a cambio de una determinada tasa a favor del ahorrista. Luego ese dinero lo colocan en créditos”, precisó.

Entonces, según Molina, al detenerse el pago de los créditos el sistema financiero se queda sin liquidez. Es decir, sin dinero en efectivo para dos operaciones esenciales: la colocación de nuevos créditos y el pago de las tasas pasivas, o de interés, para los ahorristas.

Un especialista en finanzas, que pidió no ser citado, dijo que en este contexto los que más sentirán el efecto de la medida serán las empresas especializadas en microfinanzas, y no así los bancos múltiples que tienen un mayor respaldo patrimonial.

El experto sostuvo que anteriormente este sector se vio afectado con la promulgación de la Ley de Servicios Financieros, que generó muchas dificultades a estas compañías.

“La norma hizo que los bancos múltiples ingresen a su negocio. Muchos de sus clientes se fueron, ocasionando una reducción de cartera importante a este sector”, aseguró.

El especialista recordó que la mayoría de estas financieras tienen como clientes a empresarios de la micro, pequeñas y medianas empresas, sectores afectados por la pandemia.

Créditos

El secretario ejecutivo de Asofin, Marcelo Diez de Medina, explicó que las empresas afiliadas a esta organización apoyarán a sus clientes acatando los mecanismos de reprogramación y refinanciamiento reglamentados por la ASFI.

“Es hora de mirar hacia adelante y alcanzar acuerdos con los clientes para lograr la reactivación de la micro y pequeña empresa”, dijo.

Consultado sobre cómo está el nivel de liquidez en el sector, el ejecutivo dijo que “se mantiene todavía en un rango que les permite operar normalmente, pero no ampliar la cartera de créditos”.

“Las utilidades se han visto afectadas con la disposición del Gobierno de no permitir que las entidades de intermediación financiera cobren los denominados “intereses adicionales”. Estos son, nada más y nada menos que, los intereses corrientes que correspondía calcular como efecto de no haber recibido el pago oportuno del capital adeudado durante la pandemia”, dijo el ejecutivo.

Pese a este contexto, sostuvo que la cartera de créditos y los depósitos se mantienen en niveles adecuados y sin mayores variaciones.

Con relación al efecto que generará el periodo de gracia establecido por el Gobierno, afirmó que la medida “es prácticamente un nuevo diferimiento de plazo”, que termina afectando a las entidades de intermediación financiera en la liquidez.

“No permite la reanudación del circuito de depósitos, intermediación y préstamos, al no recuperar oportunamente el capital e intereses prestados para reinyectarlos a nuevas operaciones de crédito”, sostuvo.

Según datos de Asofin, sus afiliados manejan una cartera total de $us 6,13 millones. Además, cuenta con 698.552 prestatarios y más de 4,3 millones de cuentas.

La mayoría de los clientes de Asofin son parte del sector mype, uno de los más afectados por la crisis económica.

Según la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) por la crisis sanitaria 150.000 unidades de negocios dejaron de operar.

El sistema no será afectado

No obstante, tanto el Ministerio de Economía como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicaron que el periodo de gracia no afectará la liquidez de los bancos.

Tras firmar el acuerdo con los transportistas, que establecía este beneficio, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo que la estabilidad del sistema financiero no corría ningún tipo de peligro a corto plazo.

“En este momento hay la liquidez suficiente y hay mecanismos (de inyección de recursos) si algún banco tuviese algún tipo de restricción de liquidez”, dijo.

Es más, Montenegro aseguró que el sistema financiero nacional cuenta con $us 6.828 millones de activos líquidos al 28 de diciembre de 2020.

“Lo que representa un 42,1% de los pasivos de corto plazo, similar al promedio que se maneja a nivel de la región; recursos que permiten a las entidades financieras cumplir con sus obligaciones operativas y financieras de corto plazo”, sostuvo Montenegro.

Según el Ministro de Economía, el volumen de los créditos con saldos pendientes de pago, debido a la crisis por el coronavirus, representan un 11% de la cartera total de deudas bancarias.

A los argumentos de Montenegro, se sumó el director de ASFI, Juan Yujra, citado por la agencia ABI, afirmó que el acuerdo que otorga seis meses de gracia a los prestatarios, sin el pago del capital ni interés, no representa “ninguna amenaza para el sector financiero”.

“El hecho de no percibir ingresos durante estos meses de gracia, representa una limitación a la contracción, pero no al punto de ocasionar una amenaza sobre el sector financiero”, remarcó.

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, sostuvo que es necesario que el Gobierno comience a pensar en medidas de apoyo al sector financiero, en especial a las entidades más pequeñas que se pueden quedar sin recursos.

“No olvidemos que se está postergando el pago de más de $us 3.500 millones, y es necesario que ese dinero vuelva a los bancos, en especial a entidades como las cooperativas y Bancos Pymes, que deben soportar esta nueva medida”, dijo el economista.

El especialista afirmó que el tema es muy complejo y que es necesario que este beneficie llegue a las personas que de verdad no puedan pagar sus compromisos.

“Los que tienen empleos deben seguir pagando. Pero sin medidas concretas para reactivar la economía, la banca no podrá aguantar este nuevo diferimiento”, dijo.

La anterior semana, a través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recordó que los bancos ya brindaron diez meses de diferimiento en los pagos de los créditos adeudados y que una nueva ampliación conllevará a mayores riesgos para todo el sistema financiero nacional.

En ese sentido, la organización sostuvo que un nuevo aplazamiento en la cancelación de los créditos “debilita la cadena de pagos y no permite que la banca pueda recuperar este dinero para prestar a la población; que necesita de capital para reactivar su economía, luego de meses de parálisis por la crisis sanitaria”.

El especialista en finanzas Jaime Dunn observó que en la práctica el Estado estableció un diferimiento y no un periodo de gracia.

Explicó que en un periodo de gracia convencional se cobran los intereses durante los meses establecidos y el capital después de este periodo.

“Pero durante el tiempo que plantea el Gobierno no se pagará ni capital y menos interés, entonces esto es un diferimiento”, dijo.

Según la ASFI, este beneficio es de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades financieras y universal.

Es decir, favorece a los prestatarios que fueron beneficiados con el diferimiento el año pasado, y si se acogen a la medida volverán a pagar sus créditos en junio.


Prestatarios podrán reducir las cuotas de sus créditos
Según la reglamentación sobre el refinanciamiento y reprogramación de créditos, emitido la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los prestatarios reducirán sus cuotas mensuales si se acogen a cualquiera de estas dos alternativas.

“Aquellos clientes que opten por reducir el monto de su cuota original accederán a la reprogramación mediante la extensión del plazo de su crédito. Para reprogramar la deuda de sus clientes, las entidades financieras no deberán solicitar ningún tipo de garantía adicional”, señala el reglamento.

Por otro lado, la normativa establece que la tasa de interés para las operaciones refinanciadas o reprogramadas serán igual o menor a la de la operación original, independientemente de la modalidad de su cálculo.

En ese sentido, las financieras podrán incentivar a prestatarios con buen cumplimiento en sus pagos, incluyendo, entre éstos, una disminución de la tasa de interés.

Así también quienes deseen acceder a recursos adicionales, según la ASFI, podrán optar por el refinanciamiento en función a la capacidad de pago que tengan al solicitar este beneficio.

Para esto, las entidades financieras evaluarán sus ingresos presentes y futuros.

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