Mineros de Colquiri retoman el bloqueo de la vía La Paz-Oruro en rechazo al Decreto Supremo 4783
El Gobierno informó que el porcentaje que deben aportar las empresas estatales a las políticas sociales se definirá previa evaluación técnica y "sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las compañías".
Los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC) volvieron a cortar hoy la ruta entre La Paz y Oruro en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 4783, que dispone que las empresas del Estado financien proyectos de inversión y/o programas de interés social.
El reporte de medios locales da cuenta que los trabajadores de la empresa estatal se encuentran por la zona de Mantecani. “No están saliendo buses y no hay vías alternas (…). Tránsito dispuso la suspensión”, informó a Bolivia Tv una trabajadora que vende pasajes en la Terminal de La Paz, según el reporte de AhoraDigital.
Este medio llamó a Ronal Cabezas, secretario de Relaciones del Sindicato de Colquiri, para conocer las demandas de los trabajadores, pero el dirigente no respondió a su celular.
Entre el miércoles y el viernes de la anterior semana, el sindicato de trabajadores de Colquiri bloqueó por primera vez la carretera La Paz-Oruro en rechazo al Decreto 4883, que establece que las empresas públicas y las empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria, “en el marco de su responsabilidad social corporativa y la política de distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos”, transferirán recursos al Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social”.
El jueves pasado y por más de seis horas, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo una reunión con los dirigentes del sindicato de trabajadores de Colquiri para explicarles los alcances de la nueva norma.
En la reunión, efectuada en La Paz, participaron el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio; la viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Verónica Casablanca; el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe; y representantes de los trabajadores de Colquiri.
Según una nota de prensa ministerial, durante el encuentro, los trabajadores mantuvieron “una posición cerrada de abrogar el Decreto 4783 y no quisieron dar los argumentos del por qué rechazan la normativa. Solo atinaron a decir que el Gobierno no puede afectar a su empresa, sin considerar que la minera Colquiri es de propiedad del Estado y de todos los bolivianos”.
Montenegro precisó que las empresas que generan utilidades aportarán a políticas sociales, previa evaluación técnica y sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las compañías. Luego del análisis técnico, agregó, el directorio de la empresa determinará el monto que aportarán y el destino de las utilidades generadas. “Les hemos ofrecido consensuar la reglamentación, pero tampoco aceptaron”, informó.
El Decreto 4783 no se aplica mientras no se apruebe una reglamentación de la norma para definir los detalles técnicos.
“El espíritu del decreto es evaluar una serie de indicadores como la solvencia, el plan de negocios, rentabilidad, utilidades, proyección de la inversión y, en función de la evaluación de todos estos indicadores, se llegará a una conclusión y se determinará si la empresa podrá realizar el aporte y la cuantía”, complementó el ministro.
El año pasado, la EMC generó Bs 275,6 millones en utilidades, de los que Bs 5 millones (1,8%) se destinaron al pago del Bono Juancito Pinto. “Es falso que les quitamos toda la utilidad. Más bien queda un 98% de las utilidades que pueden ser reinvertidas en actividades productivas de la propia empresa”, dijo Montenegro.
