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Luego de varios días de debates, este jueves concluyeron las mesas de trabajo preparatorias para la Cumbre Minera Nacional. Uno de los puntos más importantes de la fase preparatoria fue el pedido que hicieron los diferentes actores del sector de anular la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros.

Estas mesas de trabajo duraron cinco días y en ella participaron autoridades y técnicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, las entidades descentralizadas y los tres actores productivos: los cooperativistas, estatales y la minería privada.

Justamente estos actores plantearon anular esta norma, porque genera inestabilidad jurídica e impide el desarrollo de mayores inversiones, dado que faculta al Estado anular los derechos mineros.

Dicha ley fue aprobada en septiembre de 2013. De forma concreta dispone la reversión de derechos mineros que fueron otorgados mediante autorizaciones transitorias especiales (ATE) o contratos mineros, ante la inexistencia verificada de actividades mineras.

Ese año la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) observaba 7.000 concesiones privadas, de las cuales se prevé recuperar el 70% a manos del Estado.

"El desafío que tenemos los empresarios y el gobierno es tener una minería 4.0, con drones, inteligencia artificial y por qué no pensar en una minería de clase mundial como San Cristóbal y Manquiri. Así deben ser nuestros emprendimientos de ahora en adelante", expresó el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, citado en un comunicado de esta cartera de Estado.

Las propuestas de las mesas de trabajo, instaladas en el auditorio Fernando Guachalla de la ciudad de La Paz, serán llevadas a la Cumbre Minera Nacional 2021 que se desarrollará próximamente y donde se prevé definir la Política Minera Metalúrgica para los próximos 20 años.

En la actualidad la exportación de minerales, junto con el gas, siguen siendo uno de los principales puntales de la economía nacional. Sin embargo, en el último año la renta minera llegó a 182 millones de dólares, un 69 por ciento menos en relación al valor alcanzado en 2019 (587 millones), según un informe del ministerio del área.

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