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Un nuevo conflicto toca la puerta del Gobierno. La dirigencia del sector minero rechaza la evaluación que pretende realizar el Ejecutivo a las empresas estatales. Este procedimiento está establecido en el Decreto Supremo 4272; que da forma al Programa Nacional de Reactivación Económica del Empleo.

Un segmento de la norma (el artículo 84) ordena que las unidades productivas, con una participación estatal del 100%, deben presentar un plan de negocios y de factibilidad.

En el documento, las firmas deben brindar “información suficiente para determinar su sostenibilidad, considerando  estrategias que les permitan mantener sus actividades tomando en cuenta los efectos generados por el coronavirus”.

Este plan, según la norma, deberá considerar una proyección a marzo de 2021, tomando en cuenta la viabilidad de las empresas, a mediano y largo plazo. El párrafo que más polémica genera, en el sector minero, es la que establece que las sociedades no considerarán las trasferencias futuras por parte del Estado.

Incluso, el artículo 85, afirma que el estudio deberá adoptar medidas para optimizar la gestión empresarial, enmarcándose en la política de reducción de gasto.  

Además, señala que las estatales podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con actores privados constituidas en el país.

Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, informó que el sector rechaza el programa de reactivación, porque según él, busca la privatización de las empresas estatales.

Las están liquidando, no van a poner un centavo en las empresas y están pidiendo un estudio de factibilidad. Pero dentro del sector minero, ¿qué empresa ha exportado en los últimos 30 días?, ninguna”, dijo.

El dirigente señaló que es inviable presentar un estudio de factibilidad, en el que se especifiquen proyecciones. 

“¿Quién va a tener plata para gastos de operación para el próximo año?. Es imposible”, sostuvo Gutiérrez.

También observó una parte del decreto que establece las alianzas estratégicas, entre compañías públicas y privadas, además del otorgamiento de concesiones.

“¿Qué es eso?, es prácticamente poner a la venta las empresas estatales. Se viene una privatización”, señaló.

Actualmente, en el sector minero existen empresas públicas como Colquiri, Huanuni, Coro Coro, Vinto, Amayapampa, Caracoles, Karachipampa, entre otros. La mayoría, arrojaron pérdidas y tuvieron problemas de funcionamiento.

Por ejemplo, en 2019, Huanuni registró un déficit de $us 8 millones

En una entrevista en Bolivia TV, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, sostuvo que con la norma se busca el mejor funcionamiento de las compañías del Estado, para evitar pérdidas.

Recientemente trabajadores de la empresa Huanuni, tomaron las instalaciones de la Empresa Metalúrgica de Vinto.

 Exigen el pago de una suma que asciende a $us 39 millones al distrito minero por concepto de 'concentrados'.