Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, dijo que acudirá a la Asamblea Legislativa las veces que sea necesario, a brindar los informes que se requieran con el fin de que se aprueben los créditos externos aprobados para que Bolivia pueda enfrentar la emergencia sanitaria.

"Pienso trabajar permanentemente. Estoy dispuesto a acudir a la Asamblea las veces que sea necesario, a brindar los informes para que haya toda la tranquilidad y transparencia sobre los recursos que se están utilizando en esta situación de crisis sanitaria y económica", precisó en contacto hoy con EL DEBER.

La autoridad sostuvo que también está dispuesto a presentar toda la información sobre en qué se usa el financiamiento externo

Desde abril, Bolivia ha gestionado más de $us 1.500 millones de organismos internacionales para responder a las necesidades que surgen en el sector salud, pero también para reactivar la economía. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha aprobado los créditos indicando que el Poder Ejecutivo no ha presentado la documentación que se requiere para dar curso a la entrega de los recursos.

"Obviamente es un gran perjuicio que la Asamblea haya bloqueado la aprobación de créditos, creo que nunca el país tuvo un monto tan grande en poco tiempo; es decir, $us 1.500 millones que están hoy pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Esto no perjudica al Gobierno, afecta al conjunto de la población", sostuvo Ortiz.

Sin embargo, la diputada Otilia Choque (MAS), precisó que del Ejecutivo les envían proyectos con cinco hojas, sin respaldo pertinente, y son créditos de 'montos fabulosos'. 

Agregó que no pueden obligar a la comisión a aprobar créditos sin conocer los contratos y sin documentación de respaldo técnico y jurídico. "No podemos ser irresponsables con la población, porque son los que pagarán los créditos", señaló.

Otra de las excusas de  Choque fue que supuestamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso condiciones como flexibilizar el tipo de cambio en Bolivia. Sin embargo, el organismo negó que se impusieran medidas de política económica para otorgar $us 327 millones a Bolivia, como establece el contrato firmado el 14 de abril.