Escucha esta nota aquí

A una semana de haberse abrogado el decreto que liberaba las exportaciones de soya y sus derivados, dos ministros del Gobierno se reunieron este lunes con los productores para explicar el alcance de la medida. Los emisarios estatales aclararon que el Estado solo fiscalizará la producción del 20% de harina solvente, que deberá ser vendida a un precio justo a los diferentes subsectores que demandan este insumo, el resto podrá ser exportado libremente.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, junto con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo, explicaron los alcances del Decreto Supremo 4417 de 9 de diciembre de 2020, que abroga el Decreto Supremo 4139 de enero de 2020, una norma que liberaba la exportación de productos agropecuarios, como la soya, y eliminaba el certificado de abastecimiento y precio justo. 

Luego de una reunión sostenida con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) y sectores pecuarios, Huanca manifestó que se acordó trabajar de manera conjunta en el establecimiento de una mesa técnica para determinar una metodología de trabajo y el establecimiento de una banda de precios para el mercado interno que permitan acceder al pequeño y mediano productor a la harina de soya solvente a un precio justo.   

Asimismo, la autoridad adelantó que se continuará, a partir de esta semana, con la emisión de certificados de abastecimiento interno a precio justo para las exportaciones de productos agroindustriales.

Alcances del decreto

Huanca explicó que con el Decreto Supremo 4417, el Gobierno reestablece la emisión de un certificado de abastecimiento interno a precio justo para el mercado interno, de tal forma que la industria deberá destinar al menos un 15% a 20% de harina solvente a precio justo al mercado interno y, posterior a la verificación de cumplimiento de esta medida, el 80% excedente podrá ser exportado.  

Asimismo, la autoridad explicó que con el Decreto Supremo 4139, el Gobierno de transición había determinado liberar las exportaciones a través de un modelo que no ha funcionado y que solo ocasionó que en los últimos meses el sector agroindustrial comercialice la harina de soya solvente a un precio elevado por encima de la banda de precios. 

“El precio elevado de la harina de soya solvente representa un peligro, porque el sector pecuario, en este caso, el avicultor, el porcinocultor, el sector lechero quedaba afectado”, dijo Huanca.

Agropecuarios en desacuerdo 

Reinaldo Díaz Salek, presidente la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que en la reunión con los ministros explicaron la problemática del sector soyero porque la idea es seguir aportando al crecimiento económico y la reactivación para salir adelante de la crisis.

El dirigente explicó que todos los sectores afiliados a la entidad rechazaron la abrogación del decreto que libera las exportaciones, por eso se reunirán este jueves en La Paz con técnicos del Gobierno para buscar una solución equilibrada, por lo que presentarán una propuesta. “Vamos a trabajar una propuesta técnica. Debemos tener una visión de la economía sin restricciones, porque no se ha visto crecimiento ni en el área de siembra ni en la productividad desde 2014”, dijo.

Sostuvo que la idea es trabajar para que ningún sector quede afectado, tanto los productores como los demandantes de otros sectores. "La idea es que se llegue a un equilibrio en la formación de precios que sea justa", señaló.

No eran favorables

La semana pasada, el Gobierno abrogó decretos que, según el Ejecutivo, ponían en riesgo la seguridad alimentaria y beneficiaban a grandes empresas. Entre ellos, los Decretos Supremos 4139 y 4181.

En esa ocasión, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que ambos decretos ponían en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia y favorecían a las grandes exportadoras e importadoras, según el gabinete ministerial.

La autoridad además explicó que esa norma, aprobada el 22 de enero de 2020, iba en contra de la política social comunitaria, que “siempre ha privilegiado el mantenimiento de la seguridad alimentaria”, debido a que autorizaba la exportación de productos sin garantizar el abastecimiento interno nacional.

Comentarios