La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) endureció este martes su posición frente a los bloqueos que afectan al país y afirmó que el impacto económico de la crisis ya tiene consecuencias concretas sobre empresas, productores y trabajadores.
A través de un pronunciamiento institucional titulado “El costo ya tiene nombre”, la entidad sostuvo que, tras 47 días de bloqueos, las pérdidas ya no pueden medirse únicamente en cifras económicas, sino también en emprendimientos que cerraron sus puertas, inversiones paralizadas, cargas retenidas y contratos incumplidos.
“La crisis tiene nombre propio”, señala el documento difundido por la institución, que describe un escenario marcado por cadenas logísticas colapsadas y familias que comienzan a sentir los efectos de un país paralizado.
Cainco advirtió que los daños acumulados dejarán consecuencias que deberán ser asumidas por distintos actores. Entre ellas mencionó cosechas perdidas, incumplimientos contractuales y la pérdida de capital de emprendedores que apostaron por invertir y generar empleo en Bolivia.
La organización también cuestionó la falta de resultados de los corredores humanitarios habilitados durante el conflicto. Según su evaluación, estos mecanismos quedaron relegados frente a intereses políticos que terminan afectando el desarrollo económico y social del país.
En el comunicado, la institución remarca que la reactivación económica seguirá siendo una demanda permanente del sector privado. Sin embargo, advierte que cada día adicional de interrupción de la normalidad incrementa el costo que deben asumir las empresas y las familias bolivianas.
Fuerza mayor
Cainco sostiene que las empresas enfrentan una situación que va más allá de retrasos operativos habituales. Con rutas cerradas, abastecimiento interrumpido y mercancías detenidas, considera que existe una condición de fuerza mayor que requiere respaldo institucional, flexibilidad y medidas excepcionales.
Por ello, la entidad planteó que la prioridad inmediata debe ser la habilitación definitiva de las carreteras y la garantía de libre transitabilidad para medicamentos, alimentos, insumos productivos, trabajadores y actividades comerciales.
El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre los efectos que la prolongación del conflicto puede tener sobre la economía nacional.
“No habrá abastecimiento sin combustible. No habrá empleo sin producción. No habrá reactivación sin rutas abiertas”, señala el documento, que cierra con una frase dirigida a las perspectivas económicas del país: “No habrá futuro mientras trabajar sea una carrera de obstáculos”.