Novillo advierte que el Gobierno será firme para evitar un nuevo paro

Una dura advertencia lanzó este domingo el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, contra los sectores que exigen la anulación de Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. En declaraciones al canal estatal Bolivia TV, la autoridad dijo que, como gobierno nacional, "serán muy firmes para evitar que grupos de poder y sus operadores políticos paralicen y destruyan la economía nacional utilizando paros y bloqueo de caminos", según reporte de la red Erbol.

“Queremos decirles de manera franca y categórica: como Movimiento Al Socialismo, como gobierno de la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país, estamos en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, estamos en nuestras organizaciones sociales y queremos decirles que como gobierno nacional vamos a ser muy firmes. En el marco del Estado de Derecho vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la destrucción económica de estos grupos de poder”, advirtió.

Novillo considera que, a partir de los comités cívicos, ciertos grupos de poder utilizaron a los gremiales, transportistas y cooperativistas mineros para movilizarse en rechazo a la Ley Contra las Ganancias Ilícitas que fue retirada para evitar la confrontación entre bolivianos y preservar la estabilidad social y política.

No obstante, en diferentes momentos estos sectores se han desmarcado del bloque cívico y aseguraron que rechazan la norma porque atenta contra principios constitucionales. Además, exigieron la derogación de la Ley 1386, al considerar que es la norma madre de un compendio de leyes para que el Estado controle la economía del país.

"Aquí se ha interpretado mal diciendo que los Comités Cívicos nos iban a manejar. Aquí, en La Paz, los hemos botado a los cívicos porque no se pueden meter en algo que nos les está afectando; ese proyecto de ley afecta a los gremiales, a los choferes, a los carpinteros y todos los demás”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales del Distrito 6 de El Alto, Toño Siñani Medina.

Sin embargo, Novillo insistió que luego de retirada la ley, los comités cívicos cambiaron de estrategia demostrando una “acción conspirativa” para desestabilizar al gobierno, a la economía y generar un daño económico al empresario, microempresario, comerciantes, gremialistas y transportistas.

El proyecto de ley que fue retirado, según Novillo, tenía el propósito de luchar contra los delitos transnacionales como el lavado de dinero provenientes de actividades delictuales, no informales, como el narcotráfico, venta de armas y trata y tráfico de personas.

Advirtió que, si no se luchan contra esos delitos con unas normas de carácter internacional, “Bolivia se va a convertir en un país donde la actividad ilícita genere desconfianza y no se puede condenar a nuestro país, en el marco de las relaciones internacionales y comerciales”.

Es más, aseguró que algunas disposiciones legales para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas están vigentes y ningún gremialista ni transportista fue investigado, porque no son el objetivo, sino es el delito transnacional que debe ser combatido con normativa internacional.

Las declaraciones de Novillo, no coinciden con las del ministro de Economía, Marcelo Montenegro que, a través de los medios estatales, llamó a los sectores que anunciaron las movilizaciones a dialogar con el Gobierno.

"Lo correcto en dialogar y evaluar las propuestas y observaciones que tienen", dijo Montenegro.

Para este jueves 21 de octubre sectores como los gremialistas y transportistas anunciaron un paro nacional exigiendo la anulación de la polémica ley.

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