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Después de las anomalías detectadas el 10 de marzo en el aeropuerto de Chimoré, cuando se impulsaron 36 operaciones de aterrizajes y despegue de aeronaves, desde el Ministerio de Obras Públicas afirman que estas operaciones no fueron coordinadas con dicha cartera de Estado y apuntan que la dirección de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) estaría incurriendo en incumpliendo de deberes por estas acciones, por lo que piden una sanción.

Desde el Ministerio, cuyo máximo ejecutivo es el ministro Édgar Montaño, apuntaron que se pidió informes a la Dirección de Aasana para conocer los detalles y saber quiénes autorizaron dichas operaciones que, entre otras observaciones, no contaron con la presencias de fuerzas de seguridad, entre ellos los efectivos antidrogas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn). 

Las operaciones fueron denunciadas por los propios trabajadores de Aasana y fue así que llegaron a ser de conocimiento de Obras Públicas, cartera de Estado que también refleja que se pidió un informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde donde también apuntaron a este escenario y deben presentar un informe técnico sobre el asunto.

"En consecuencia, al haberse realizado operaciones en un aeropuerto que no contaba con todos los aspectos técnicos saneados se puso en peligro la seguridad de los pilotos y las personas que viajaron con ellos, incurriendo el director general ejecutivo de Aasana en incumplimiento de deberes e infringiendo lo establecido en la ley 2902 de Aeronáutica Civil", refleja el comunicado de Obras Públicas.

En este sentido consideran que también se puso en peligro la seguridad de la terminal aérea, por lo que piden que los "delitos" sean investigados y sancionados por el Ministerio Público.

Desde el Ministerio de Obras Públicas afirman que desde el primer momento que tomaron conocimiento de este asunto se tomó la debido atención y se constituyeron en el aeropuerto para verificar la verdad histórica y técnica de los hechos. 

Sin embargo, no se han conocido más detalles, pese a las reiteradas ocasiones que se buscó la palabra del ministro Montaño, a quien la web de EL DEBER contacta sin éxito desde el miércoles pasado. Incluso, desde el 11 de marzo se solicitó información “en el día” al director de Aasana, Ruddy Balderrama, pero hasta ahora no hay respuesta.

La situación generó diversas críticas en redes sociales, entre ellas la del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien expresó vía Facebook que las 36 operaciones se dieron en una de las "zonas conocidas como el epicentro del narcotráfico" (zona del Chapare). 

"Y lo más llamativo es que las autoridades del área no pueden explicar el origen y el destino de esos vuelos. El gobierno de Luis Arce usa las fuerzas del orden para reprimir y perseguir a la oposición, y descuida las tareas de seguridad y de persecución del delito", cuestionó Camacho.

Néstor Villarroel, secretario de conflictos y del comité de huelga de Aasana, denunció que el pasado 10 de marzo, “de la noche a la mañana”, el director general de esa entidad, Ruddy Balderrama, abrió el aeropuerto de Chimoré, sin informar ni al ministro de Obras Públicas, ni al viceministro de Transportes, “ni a nuestra directora regional”.

Solo en esa jornada, el secretario de conflictos manifestó que se realizaron 36 operaciones aéreas. Es decir, aterrizajes y despegues. “No existía el personal, ni el equipamiento de seguridad necesarios y se hizo sin que funcione el único carro bombero”, aseguró en un contacto con EL DEBER

Cuatro trabajadores de Aasana estaban en el lugar. El controlador de la torre que hacía tres funciones en una; otro operador que se encarga de la seguridad del aeropuerto y controla los planes de vuelo, “y dos bomberos que no pudieron hacer nada porque el vehículo para apagar incendios está fuera de servicio hace tiempo”.

Los funcionarios de Aasana no informaron qué hicieron los aviones y lo justificaron con que ese control corresponde a la Felcn, y que ese día no había en la terminal ni un solo efectivo uniformado.

Villarroel señaló que esto es completamente irregular. 

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