El viceministro de Transparencia afirmó que basta encontrar un solo documento que implique al  presidente de YPFB para que sea incorporado en el proceso penal que inició el Ministerio Público  

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24 de abril de 2017, 5:00 AM
24 de abril de 2017, 5:00 AM

“Guillermo Achá no va a ser al primero que se cite”, afirmó ayer a EL DEBER el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, refiriéndose a que en el caso de los taladros inicialmente se convocará a las personas que han sido denunciadas, se revisará la documentación e información que existe, y se verá qué participación y responsabilidad tiene o no el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) según sus propios estatutos.

En tanto, el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, indicó el domingo en una entrevista en el canal estatal que el presidente de YPFB no figura entre los denunciados, porque en las primeras investigaciones no se encontró responsabilidad, pero aclaró que eso no significa que esté exonerado de cualquier posible denuncia e investigación.

 “Nosotros tenemos otra cantidad de documentación que vamos a evaluar en estos días. El Ministerio Público, con la documentación que tiene, hará su análisis y si resulta que hay,  aunque sea un solo documento que involucre al señor Achá u otras personas, todas van a ser incorporadas en el proceso penal”, explicó Trigoso.

El viceministro, además, advirtió que el Gobierno no protegerá a funcionario alguno involucrado en la compra irregular de taladros a la firma italiana Drillmec, puesto que ya mandó tras las rejas a 15 personeros de YPFB, entre ellos a un vicepresidente y un particular.

Comisión empieza a trabajar
Por su parte el Fiscal General indicó que desde hoy empezarán a trabajar de manera completa dos fiscales en La Paz asignados al caso taladros. “Ellos van a definir si se lo cita al presidente de YPFB”, dijo Guerrero y agregó que las investigaciones han empezado recién el viernes y están en curso. “Pero no se descarta que el presidente de YPFB sea convocado”, reiteró.    

Expresó que es posible que la comisión de fiscales “en primera instancia, convoque a los 16 denunciados, viendo y revisando la documentación y declaración de estas personas”.
Según el artículo 25 de los estutos de YPFB, una de las atribuciones del presidente ejecutivo de la estatal petrolera es “suscribir contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines”. 

 Mientras que el artículo 31 indica que una de las funciones y responsabilidades de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización es  “negociar bajo los lineamientos de la presidencia ejecutiva los contratos (...) con empresas nacionales o extranjeras”.

Anular el contrato
El viceministro Trigoso precisó que todavía se puede rescindir el contrato con Drillmec, “toda vez que se entregó a la empresa las boletas de garantías, que pueden ser ejecutadas”.