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Suma la adhesión de rechazo de sectores productivos a la acción popular interpuesta por activistas para vetar la adopción y uso de nuevos eventos biotecnológicos en campos agrícola del país. 

Desde Santa Cruz, el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Gran Chaco (Aprograch), Elvio Zenteno, manifestó que este sector defiende el derecho de utilizar eventos de Organismos Genéticamente Modificados (transgénicos) en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar porque, ahora más que nunca, necesitan esta tecnología para mitigar los efectos climáticos adversos y las plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas.

Hizo notar que los productores de granos del Gran Chaco están cansados de ver el ingreso a Bolivia de cientos de camiones con maíz, vía formal y de contrabando, desde Argentina. “Nos generan una competencia desleal a los productores bolivianos, dado que no podemos utilizar la biotecnología para mejorar la productividad en campo y la competitividad país”, dijo Zenteno.

Como sector productivo estratégico, Zenteno dijo que rechazan la intención de los grupos de activistas de pretender vetar la agrobiotecnología, reflexionando que “lo único que buscan es mantenernos, como productor, en el rezago tecnológico y en una agricultura de subsistencia, sin alternativa de progreso”, sentenció.

En la misma línea, representantes de los agricultores de Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, El Puente, Okinawa, San Pedro y Fernández Alonzo, municipios cruceños con alta vocación de producción de granos, expresaron la necesidad de uso de tecnologías modernas, como los eventos de semillas genéticamente mejoradas, para incrementar la productividad en campo, mitigar los efectos climáticos adversos y el ataque de plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas económicas por daño en los cultivos.

Los productores aclararon que son ellos los que invierten y asumen riesgos para producir alimentos y que no permitirán que ‘malos activistas’ pretendan inviabilizar la actividad productiva por intereses ideológicos y económicos. 

“Lo único que pretende es destruir el modelo exitoso de producción cruceño, que es inclusivo con quienes vienen de otras regiones, y que da oportunidad de progresar haciendo lo que mejor saben…que es trabajar la tierra para producir”, enfatizaron los dirigentes, al convocar a todos los productores de base de las zonas productivas de Santa Cruz a estar atentos para defender los intereses sectoriales.

Los pequeños productores se declararon en emergencia y aludieron que estarán atentos a cualquier resolución judicial contraria que atente al derecho que tiene el sector de utilizar la agrobiotecnología para mejorar la productividad y competitividad en sus cultivos, y con ello garantizar la alimentación de la población boliviana.  

En la otra vereda

Los demandantes contra uso de transgénicos en Bolivia son pueblos indígenas, activistas y expertos ambientalistas de Bolivia. La acción popular fue presentada al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y busca suspender los decretos que avalan la evaluación del uso de semillas genéticamente modificadas.

Las organizaciones firmantes rechazan el DS 4232 aprobado el 7 de mayo por el actual Gobierno, que de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Los demandantes infieren que esta norma representa una grave amenaza y que viola la Constitución Política del Estado y pone en peligro las semillas nativas. Además, reclaman el derecho a ser consultado.

Ayer, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, se refirió al tema dando cuenta de que los se oponen a la agrobiotecnología en el país carecen de justificación científica válida

Además, condenó el hecho de que los detractores no asumieron la misma iniciativa en contra del decreto dictado por Evo Morales y su gabinete, en 2019, que autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar las variedades de soya HB4 e Intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal biodiésel (DS 3874, del 18 de abril de 2019).