La presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, a cargo del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó un giro en el discurso oficial: la economía boliviana ya no se muestra en expansión, sino en ajuste. Sin embargo, más allá del reconocimiento de un escenario adverso, la exposición dejó dudas sobre la estrategia que seguirá el Gobierno de Rodrigo Paz para enfrentar los desequilibrios estructurales heredados por 20 años de Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.
La presentación del PGE llega con retrasos, tras tomar las riendas el nuevo Gobierno, que lleva cinco meses al mando del Estado, anticipó un ajuste para febrero, al presupuesto elaborado por la administración del expresidente Luis Arce Catacora. Pero esta reformulación se demoró por las elecciones subnacionales que finalizaron este 19 de abril.
En este contexto, el documento ajustado proyecta una contracción económica de -1,28%, una inflación cercana al 14% y un déficit fiscal del 9,2% del PIB. Son cifras que contrastan con el PGE 2025, que estimaba crecimiento positivo y menor presión inflacionaria, pero que terminó desfasado frente a una realidad marcada por caída del producto y aumento de precios.
Sinceramiento
Para el economista Fernando Romero, el nuevo presupuesto representa un “sinceramiento macroeconómico”, en tanto reconoce el deterioro de las principales variables. Uno de los datos más reveladores es el desfase de 24.000 millones de bolivianos en el presupuesto anterior, lo que evidencia una brecha significativa entre ingresos proyectados y gastos ejecutados.
“El PGE reformulado, que alcanza cerca de 390.000 millones de bolivianos, intenta corregir parcialmente ese desequilibrio mediante recortes en gasto corriente y una política de ajuste moderado”, dijo.
Entre los elementos positivos, Romero identifica la reducción del déficit respecto a previsiones iniciales, el mantenimiento de la inversión social —con más de 5.000 millones de bolivianos destinados a bonos y programas— y señales de mayor disciplina en el gasto público, como la reducción de viáticos y costos administrativos. No obstante, advierte que estos ajustes son insuficientes frente a la magnitud del problema fiscal.
El déficit, que se mantiene en torno al 9,2% del PIB, continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Su financiamiento dependerá, en gran medida, de deuda o emisión monetaria, lo que podría presionar tanto la inflación como las reservas internacionales.
“A esto se suma la rigidez del gasto público: alrededor del 64% corresponde a gasto corriente, lo que limita la capacidad del Estado para impulsar inversión productiva”, advierte.
No hay una ruta clara
Desde una posición más crítica, el economista Mauricio Ríos cuestiona la falta de una hoja de ruta clara. Si bien reconoce que las variables presentadas reflejan una economía en dificultades, advierte que no se explicaron los mecanismos para alcanzar las metas ni se abordaron temas clave. Entre ellos, menciona la ausencia de definiciones sobre el tipo de cambio, un factor central en un contexto de escasez de divisas, y la falta de una estrategia concreta para reducir el peso de los subsidios.
Ríos también pone en duda la viabilidad del enfoque gradualista en un escenario externo más complejo. La posibilidad de tasas de interés internacionales más altas y un encarecimiento del financiamiento externo podría afectar de forma directa a economías con alto riesgo, como la boliviana. En ese contexto, sostiene que el margen para sostener déficits elevados es cada vez más limitado.
Ambos economistas coinciden en que el principal problema del PGE no es únicamente técnico, sino estructural. La economía boliviana enfrenta una caída sostenida de ingresos por hidrocarburos, una limitada generación de divisas y una fuerte presión de subsidios, especialmente en combustibles. Sin cambios de fondo en estos frentes, el presupuesto difícilmente podrá revertir la tendencia recesiva.
La comparación con el PGE 2025 refuerza esta lectura. Mientras el anterior presupuesto estaba construido sobre supuestos optimistas —crecimiento de 3,5% e inflación de 7,5%—, el de 2026 parte de una base más cercana a la realidad. Sin embargo, este mayor realismo no implica necesariamente mejores resultados, sino más bien una adaptación a un escenario menos favorable.
Otro elemento que genera incertidumbre en el análisis de los especialistas, es la sostenibilidad del financiamiento. El acceso a crédito externo depende de condiciones políticas e institucionales, además de la percepción de riesgo país. En paralelo, la escasez de dólares sigue siendo una limitante clave para sostener importaciones, subsidios y estabilidad cambiaria.
La presentación del ministro también dejó abiertas interrogantes sobre posibles medidas futuras. El anuncio de evaluar la viabilidad técnica de empresas públicas sugiere que podrían venir ajustes adicionales, aunque sin detalles concretos sobre su alcance o impacto.
En ese contexto, para los expertos, el PGE 2026 aparece más como un instrumento de contención que de reactivación. El ajuste fiscal puede contribuir a estabilizar las cuentas públicas, pero también podría profundizar la desaceleración si no está acompañado de inversión privada, acceso a financiamiento externo y reformas estructurales.
El desafío para el Gobierno no pasa solo por ordenar las cifras, sino por definir una estrategia que permita recuperar crecimiento y sostenibilidad. Sin una hoja de ruta clara, advierten los analistas, el presupuesto corre el riesgo de quedarse en un ejercicio de corrección contable, sin capacidad real de cambiar el rumbo económico del país.