La estructura del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, reformulado por el actual Gobierno, prioriza el gasto corriente y reduce las transferencias hacia las regiones. Datos del Ministerio de Economía evidencian que este componente continúa siendo el eje central del presupuesto, en un contexto en el que la economía registra menores ingresos y una creciente presión sobre las finanzas públicas.
En cifras simples, el gasto corriente —que incluye sueldos, compra de bienes, pago de servicios y deuda— llega a Bs 269.064,4 millones en su nivel vigente y queda en Bs 265.317,1 millones tras ajustes. Esto representa entre el 67% y el 70% del total del presupuesto. En otras palabras, de cada 10 bolivianos, alrededor de 7 se usan para cubrir gastos del día a día del Estado.
Más dinero para el funcionamiento
Dentro de este gasto, hay rubros que aumentan con fuerza. Por ejemplo, los llamados “otros gastos corrientes” suben en Bs 6.553,8 millones, mientras que el gasto en bienes y servicios —como materiales, insumos y funcionamiento institucional— crece en Bs 2.844,8 millones. Así también aumentan los aportes a la seguridad social.
Esto muestra que el Estado está destinando más dinero a cubrir sus costos operativos. Aunque el total del gasto corriente baja ligeramente, en la práctica se están moviendo recursos hacia áreas clave para asegurar que la maquinaria estatal siga funcionando.
Menos recursos para las regiones
El ajuste más fuerte se da en las transferencias corrientes, que caen en Bs 10.308,9 millones. Este es el mayor recorte dentro de todo el presupuesto.
Las transferencias son el dinero que el Gobierno central envía a gobernaciones, municipios, universidades públicas y otras instituciones. Por eso, cuando este monto baja, las regiones reciben menos recursos.
En términos concretos, esto puede significar menos obras, menos servicios o más dificultades para sostener proyectos locales. Es un cambio importante porque traslada parte del peso del ajuste económico a los gobiernos subnacionales.
Un presupuesto condicionado por la economía
El PGE 2026 se elabora en un contexto complicado. Bolivia enfrenta una caída en los ingresos por hidrocarburos, menos dólares en la economía y presión sobre el tipo de cambio. Todo esto reduce la capacidad del Estado para gastar como en años anteriores.
En este escenario, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció medidas para controlar el gasto público, enfocadas en priorizar el funcionamiento del Estado y cumplir con las obligaciones financieras.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló que es necesario ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit, lo que implica recortes en algunas áreas del presupuesto.
El ajuste también alcanza a la inversión pública, es decir, al dinero destinado a obras y proyectos. Este gasto se reduce, lo que puede afectar sectores como la construcción y el empleo.