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De acuerdo con un análisis técnico del expresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz) y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB), José Luis Llanos, al concluir la vida útil de un agroquímico, estos pierden su efectividad en los cultivos, pudiendo ocasionar la resistencia y el rebrote de las plagas (insectos, malezas y enfermedades) y formar subproductos con propiedades más tóxicas que el producto original.

Infiere que los agroquímicos vencidos o caducados ocasionan pérdidas económicas al productor, ya que, por lo general, si no se controla desde la primera aplicación y en el momento oportuno a la plaga, con el producto vigente, origina un incremento en el número de aplicaciones, de productos con mayor toxicidad.

Citó, por ejemplo, que, en el cultivo del maíz, un excelente control se inicia entre el estadio de huevo y larva del gusano cogollero, con al menos tres aplicaciones. Si la primera aplicación no es realizada con un producto vigente y adecuado, el insecto tendrá que ser controlado con cinco o seis aplicaciones, ocasionando un mayor gasto al productor.

“Si están almacenados y en malas condiciones, pueden llegar a formar gases y la presión los puede hacer explotar dentro de los envases, llegando a volatilizarse y dispersarse por el viento, y contaminar el ambiente y al humano y, podrían originar problemas serios de salud, en un corto y mediano plazo”, expresó Llanos.

En síntesis, dijo que el uso de plaguicidas vencidos tiene un impacto negativo sobre el medioambiente, la salud humana, la efectividad en el control de plagas en los cultivos y la rentabilidad en la producción agrícola en los campos.

Estudio estimó más de $us 45 millones en comercio ilegal de pesticidas en 2019

Según el estudio ‘Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia’, presentado en 2019 por la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en Bolivia se comercializan plaguicidas ilegales, falsificados, adulterados e incluso mezclados por un valor superior a los $us 45 millones, con pérdidas en recaudaciones por $us 6,5 millones.

El trabajo de investigación a cargo del economista Gonzalo Vidaurre, desgrana que la comercialización ilegal de estos insumos representa no solo un riesgo real sino letal para la salud de los productores agrícolas, el medioambiente, los propios cultivos y la economía nacional. Además, saca a relucir que estos productos fraudulentos provocan una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados, contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia.

Bolivia se caracteriza por importar plaguicidas de diversos países, siendo el 63% destinado al sector agropecuario, un 25% al comercio, el 11% a la industria y un 1% a otras actividades. “Particularmente, zonas agrícolas en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, se inundan de plaguicidas falsificados peligrosos para la salud, generando elevadas pérdidas económicas para el productor y un severo daño al medioambiente”, expresó Vidaurre.

Los agroquímicos ilegales al no ser probados, tienen componentes desconocidos y peligrosos que destruyen los suelos, cultivos, el medioambiente y los alimentos. Un 15% del comercio de plaguicidas en el mundo corresponde a productos ilegales, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas Contra el Crimen Interregional (Unicri), dependiente de la ONU.



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