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Pese a que la justicia ordinaria denegó la Acción Popular que interpusieron, los pobladores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft) están decididos a defender y evitar el ingreso de las empresas petroleras a esa área protegida.

Lilian Estrada, presidenta del Comité de Defensa de Tariquía, dijo que continuarán en su lucha de oponerse a la actividad hidrocarburífera y que esa posición de los comunarios no ha cambiado desde el 2017.

“Seguiremos defendiendo esta área protegida y esperamos que el próximo gobierno que salga de las elecciones del 18 de este mes respete nuestra decisión”, expresó Estrada.

Por su parte, Nelly Coca, vicepresidenta del Comité de Defensa de Tariquía, reafirmó que buscan preservar el medioambiente de la reserva y sus recursos naturales de la contaminación por la explotación del gas natural.

A fines de marzo del 2019 los pobladores protagonizaron una férrea defensa para impedir el ingreso del exviceministro de Planificación Hidrocarburífera, Carlos Quispe, y el expresidente de YPFB, Óscar Barriga, quienes con el apoyo de más de medio centenar de policías desbloquearon y llegaron hasta el poblado de Chiquiacá Norte para intentar convencerlos del proyecto exploratorio en San Telmo adjudicado a la brasileña Petrobras.

EL DEBER fue testigo de la resistencia de los pobladores, en su mayor parte por mujeres, de comunidades del área protegida, situada entre las provincias O' Connor y Arce del departamento de Tarija.

“Ahora seguimos firmes en la defensa y lo vamos a mantener ante el Gobierno de izquierda o de derecha que se elija en las elecciones. Nuestra lucha no es solo para los que vivimos dentro de Tariquía, sino es para todos los bolivianos porque se trata de un área protegida que tiene aire puro y agua sin contaminación”, exclamó Coca.

A su vez, Inocencio Mendoza, poblador de Chiquiacá Sur que también está dentro de la reserva natural, afirmó que las próximas autoridades gubernamentales deben anular los contratos firmados con las empresas petroleras.

La Acción Popular fue interpuesta por los pobladores ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija para exigir el cumplimiento al Decreto Supremo 2366 sobre la consulta previa refrendada por la sentencia 0064/2016 del Tribunal Constitucional.