La Fiscalía separó a los investigadores del caso. La Policía descarta esa denuncia. Aprehendidos en Santa Cruz, hoy tendrán su audiencia cautelar. UIF investiga cuentas

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26 de octubre de 2017, 4:00 AM
26 de octubre de 2017, 4:00 AM

Aunque se niega que el Ministerio Público y la Policía Boliviana tengan fricciones institucionales, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que se ha iniciado un proceso en contra de los investigadores policiales que colaboraron en el caso del desfalco del Banco Unión por la pérdida de pruebas importantes.

“Se ha abierto un proceso ayer (martes). Se han perdido ocho celulares que habían sido secuestrados del Banco Unión. Deberán responder los investigadores, del porqué no entregaron a la cadena de custodia. Esos temas generan dudas”, manifestó Guerrero en La Paz.

Estos teléfonos pertenecían a familiares y amigos de Juan Pari, el principal investigado por el robo de al menos Bs 37,6 millones de la entidad financiera. Habían sido incautados en operativos realizados por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), según la Fiscalía.

La primera acción que tomó la Fiscalía por este tema fue la de separar a la mayoría de los investigadores del caso, bajo el justificativo de que estarían filtrando información reservada. Los uniformados reaccionaron disconformes con la medida.

Sin polémica
La Policía no quiso hacer polémica del tema. Ayer, ambas instituciones se reunieron para limar asperezas. Sin embargo, también esgrimieron una explicación y señalaron que las pruebas estaban depositadas en oficinas de la Fiscalía de donde desaparecieron.
“En ningún momento la Fiscalía comunicó a los investigadores que se iban a realizar una serie de trabajos en el lugar donde estaban depositadas las pruebas. Al día siguiente, aparece la novedad de la pérdida de los celulares”, dijo el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Hernán Meyer.

Por su parte, el director departamental de la Felcc, Johnny Aguilera, reveló la existencia de un inventario de las cosas que se han colectado en las investigaciones, “que vamos a hacerles llegar” a la Fiscalía. No dio más detalles.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que cuando se colectan elementos probatorios o indicios en una investigación, pasan a custodia de la Fiscalía. “Pero si estos elementos han sido sustraídos antes de ser remitidos, podríamos estar en otro escenario”, señaló, indicando que desconocía una solicitud expresa para que se investigue a los policías.

Audiencia cautelar
Mientras tanto, los dos funcionarios aprehendidos el martes, de la Jefatura Nacional de Tarjetas del Banco Unión en Santa Cruz y trasladados a La Paz, escucharán hoy su audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado Primero Anticorrupción, luego de haber prestado sus declaraciones ante el Ministerio Público.

La comisión investigadora decidió imputarlos por delitos financieros, apropiación indebida de fondos financieros y asociación delictuosa.
Róger Medina Pérez y Edwin Orosco eran responsables nacionales de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cajeros automáticos, según la Fiscalía, quienes no habrían controlado las cuentas de las agencias de Batallas y Achacachi del Banco Unión, permitiendo la sustracción millonaria de Pari.


Seguimiento de cuentas

Por otro lado, el fiscal Guerrero informó del requerimiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que, a través de su Inteligencia Financiera puedan hacer un seguimiento a las cuentas bancarias de todos los investigados, especialmente de la novia de Pari, la argentina Luciana Regina Cagnola.

La extranjera en su declaración informativa contó que su pareja nunca usó tarjetas de crédito y entraba a centros comerciales donde gastaba hasta $us 2.000.
Dijo también que le regalaba entre Bs 5.000 y Bs 6.000 mensual y que le compró un Auto Mazda CX3 blanco. Pari le decía que el dinero salía de un negocio que le iba bien.

Cagna estaba iniciando su empresa de repuestos Regina Provisiones y hacía reventas con la firma Imcruz. Según su propia información y del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia (Sicoes), habría participado de licitaciones en la CPS (Caja Petrolera de Salud) en Camiri, por la suma de Bs 140.000 y en el hospital Villa 1ro. de Mayo, por un monto de Bs 75.000. Además, se presentó en otra licitación del Gobierno Municipal de Pailón por Bs 250.000 que fue declarada desierta y en el municipio de El Alto (La Paz), de donde se desconoce si logró la licitación.

Plan de Contingencia

Al margen de las investigaciones fiscales, ayer, el nuevo gerente general del Banco Unión, Rolando Marín, posesionó a tres funcionarios como parte de su “plan de contingencia” que aplica por el fraude financiero del que fue objeto su entidad.

Es así, que Osvaldo Nina ocupará el cargo de gerente nacional de gestión integral de riesgos; Emilio Colque, será gerente nacional de auditoría interna y Ricardo
Pinell, subgerente nacional de gestión de talento humano.
Marín explicó que una de las principales tareas de las nuevas autoridades es cubrir las acefalías que ha provocado el millonario desfalco al interior del banco estatal.

En las próximas horas, el ministro de Economía, Mario Guillén, la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, y el director de la UIF, Alejandro Taboada, se presentarán ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para dar un informe oral  sobre el desfalco.  

ESCENARIOS EN TORNO AL CASO DE DESFALCO

1.- En un operativo conjunto realizado el martes, efectivos policiales cruceños en coordinación con la Fiscalía de La Paz, lograron aprehender a dos funcionarios del Banco Unión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.- El presidente Juan Evo Morales advirtió hace días que no tolerará la corrupción en entidades estatales, como el Banco Unión y anunció cambios en las gerencias de la entidad financiera.

3.- La ASFI señaló que se habían vulnerado tres mecanismos internos de control del Banco Unión en la Jefatura de Operaciones, la Jefatura de Agencias y la Jefatura Nacional de Tarjetas en Santa Cruz.

4.- La ex gerenta general de la entidad estatal Marcia del Carmen Villarroel aseguró que había denunciado el robo del Banco Unión y decidió dar un paso al costado por la presión que tenía en el cargo. Estuvo 10 años  frente del banco estatal.